elipe Calderón fue invitado días atrás a dar una conferencia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (el Tec). Sus directivos no tuvieron en cuenta –o quisieron pasar deliberadamente por alto– lo acontecido en 2010 en sus instalaciones. Allí fueron asesinados por el Ejército dos estudiantes a los que, además, se les golpeó y les fueron sembrados unos fusiles para hacerlos pasar por miembros del grupo delictivo al que los soldados persiguieron inútilmente, pues lograron escapar.

Los que no olvidaron cómo perdieron la vida los dos estudiantes –con muy altas calificaciones– durante un operativo militar en la llamada “guerra contra el narco” son los que cursan actualmente estudios en esa institución. El documental titulado Hasta los dientes recupera la memoria de ese episodio trágico y arroja luz sobre la tragedia siniestra en que el Ejército pretendió hacer ver que la suya era una más de las aportaciones valiosas a tal guerra. Esta es una de las hipótesis explícitas del documental, y de ella da pelos y señales.

Así que los estudiantes del Tec se movilizaron y pugnaron para evitar que el ex presidente que causó miles de muertes inocentes, entre ellas las de quienes los antecedieron en la matrícula del Tec, se presentara en su espacio. Y lo consiguieron. Calderón optó por declinar la invitación que se le hizo.

Tiempo de recordar para el vocerío cuyo ulular recoge el magnavoz de la derecha en diarios, radiodifusoras, televisoras, redes sociales: en Culiacán el Estado claudicó frente al narco (por la liberación de Ovidio Guzmán López); el narco lo puso de rodillas; ya no hay quien nos defienda. Etcétera. Sólo en Monterrey, una acción de los Zetas bastó para que ardiera el Casino Royale y más de cincuenta personas perdieran la vida en el verano de 2011. El establecimiento funcionaba con permisos ilegales, como muchos otros, mediante la colusión con funcionarios de Gobernación vinculados a Felipe Calderón. Todo un éxito.

Cabe recordar también lo que ocurría con los medios de comunicación, no sólo en el sexenio calderonista, sino en el de Vicente Fox y en el de Enrique Peña Nieto. Sus dueños, personal informativo y de opinión dieron por bueno el uso indiscriminado del Ejército y la Marina para combatir al narcotráfico. No se detuvieron a pensar ni poco ni mucho sobre sus consecuencias militaristas y el clima de arbitrariedad y violencia que agregaban al ya existente; tampoco acerca de la tarea que nos asignó Estados Unidos en ese combate: como comprador de armas y como cobertura a la ausencia de combate al narco en su territorio. Allá no existe una campaña sostenida sobre ambas realidades ni una prensa que insista en ella.

A las voces que pretenden copiarse de la espada flamígera de Dios para poner al gobierno de López Obrador en la antesala de la expulsión es preciso responder con un balance mínimo sobre el narcotráfico en México y la estrategia del Estado para combatirlo.

Si algo se le puede reconocer a Gustavo Díaz Ordaz eso es la respuesta que le dio a Lyndon Johnson, cuando éste le reclamó la insuficiencia al combate a las drogas por parte del gobierno mexicano. “México –le dijo– es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos; cierren su alberca y se acaba el trampolín”. En los setenta se dispara el consumo de drogas por el ejército estadunidense que combatía torpemente en Vietnam. Los cárteles mexicanos dieron entonces un enorme paso en su capacidad. A partir de ese momento la alberca de Estados Unidos crecería imparable. Y desde el debut del neoliberalismo, vía la globalización, los nexos entre consumidores (externos e internos), productores, traficantes, funcionarios (civiles, policiacos y militares) destacados en el combate al narcotráfico, empresarios legales y otros agentes han creado una tupida red de intereses que ningún país ha logrado erradicar.

Frases como la de Fox, de dar contra el narco la madre de todas las batallas o políticas contrarias a la vida y al erario no han disminuido ni el volumen del narcotráfico ni sus gestores. A cada cabeza que le es cortada a la Hidra de los estupefacientes, le aparecen dos. En la mayoría de los intentos hay derramamiento de sangre inocente y en cada capo extraditado México entrega información de seguridad nacional y el dinero que le es confiscado.

Pero los ululantes pretenden que el gobierno de López Obrador resuelva en cosa de meses el problema creado a lo largo de más de medio siglo. Hipócritas, repetidores o desinformados que opinan.

La conclusión es sencilla: cuando se reduzca el tamaño de la alberca estadunidense se podrá aspirar a que el narco se reduzca. Ya conversaremos sobre el tema dentro de algunas décadas. Por ahora hay que buscarle al problema una salida de aprovechamiento científico, social y fiscal. Es lo más práctico y lo más político. En varios estados de la potencia al norte ya se hace así.