El diputado federal Carlos Javier Lamarque (Morena) envió una carta al Senado para pedir que no apruebe el cobro del derecho de agua a los distritos de riego, que él mismo propuso y votó el viernes pasado, ya que en ese momento no tenía información detallada respecto del daño que la medida causaría a pequeños productores. Tras el aval de dicha disposición, organismos campesinos y legisladores pidieron de igual forma no ratificar la minuta con dicho cobro, ya que además de las afectaciones, contraviene al Plan Nacional de Desarrollo. Lamarque reconoció ayer que grandes productores se acercaron con él para pedirle desistirse. Nadie se quejó de los chiquitos, manifestó.

Expuso que la razón de su propuesta inicial no implicaba un nuevo impuesto, pero sí la eliminación gradual a 10 años de una exención de pago de derecho por el uso de agua concesionada, y el citado pago de derecho de concesión se establecería a partir de los excedentes que se generen después del consumo de 216 mil metros cúbicos trimestrales o 865 mil anuales y sólo por metro cúbico excedido.

Esa cantidad de agua alcanza para sembrar sin ningún cargo alrededor de 80, 85 hectáreas, de trigo en este caso, lo cual dejaría exentos a los medianos y pequeños productores, afirmó. La información con la que contaba, sostuvo, está bien sustentada, salvo en una precisión, los títulos de concesión de agua, no sólo amparan a personas físicas, sino también morales, pondría en riesgo a pequeños y medianos que estarían de alguna manera subsidiando el consumo excedente de agrandes productores.

Por su parte, tanto el secretario técnico del Congreso Agrario Permanente, Raúl Pérez Bedolla, como el Movimiento Social por la Tierra, alertaron sobre las consecuencias de ratificar la propuesta.

El impuesto podría desembocar en la disminución de la superficie sembrada con maíz que de 1994 a 2017 pasó de 9.2 millones a 7.5 millones de hectáreas y con ello la producción de este grano básico bajó e impulsó su importación. Actualmente se cosechan alrededor de 18.2 millones de toneladas, señaló Bedolla.

El Movimiento Social por la Tierra anunció que podrían pactarse movilizaciones para los próximos días en varios estados en rechazo.

Eraclio Rodríguez Gómez, diputado federal y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, explicó que el impuesto afectará a 70 por ciento de la producción nacional de granos básicos y cada agricultor tendrá que pagar entre 3 y 5 mil pesos por hectárea, con impacto en toda la cadena productiva del sector primario y una posible escalada de precios.