na de las figuras más polémicas del diseño sexenal en curso es la de los superdelegados, que concentraron las funciones y el poder de los tradicionales comisionados que cada secretaría federal designaba en los estados del país. La primera explicación pública del asunto invocaba el ahorro como primera motivación del cambio: en lugar de tantos delegados por separado, se tendría a un representante general.

La primera polémica sobre el tema se dio por el perfil de los nuevos funcionarios seleccionados, pues gran parte de ellos había tenido participaciones electorales recientes, incluyendo a ex candidatos a gobernador que ahora serían la contraparte, en nombre del obradorismo, ante aquellos que en las urnas les habían derrotado estatal o regionalmente (el caso más notable, el de Carlos Lomelí, en Jalisco). Otros estaban claramente enfilados a asumir la inmediata candidatura a gobernador, como sucedió en Baja California con Jaime Bonilla Valdez. En otros casos, todo apunta a que buena parte de los antedichos superdelegados estaría en condiciones de aspirar a un cargo de elección popular en 2021.

Las especulaciones de corte electoral se fortalecieron con el nombramiento de Gabriel García Hernández como coordinador de esos superdelegados (la denominación oficial es Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo). García venía de ser secretario de organización del comité nacional de Morena y le acompaña la fama de ser un especialista en acción electoral y en manejo de recursos financieros para proyectos políticos. El manejo de la gran masa de los recursos federales en general y los asistenciales en particular, la elaboración de los padrones de beneficiarios (documento base para la elaboración de estrategias comiciales durante el prianismo) y el ejército de empleados dedicados a ejecutar las directrices dictadas constituyen oro político para cualquier proyecto rumbo a las urnas, que en este caso serán las de los comicios intermedios de 2021, que incluirán la Cámara de Diputados federal en su totalidad y algunos congresos estatales, gubernaturas y presidencias municipales importantes.

Ayer, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló ante legisladores federales que ha recibido una docena de denuncias contra nueve superdelegados. En sí misma, una denuncia no significa una sentencia, sino apenas el inicio de un procedimiento que puede llegar en cualquier momento a su cancelación o a su continuidad, hasta desembocar en una declaración de culpabilidad o inocencia. Pero, en términos generales, las denuncias contra esos servidores públicos han sido acompañadas de señalamientos públicos constantes.

Por otra parte, una diputada federal de Morena, la colimense Claudia Yáñez Centeno y Cabrera (hermana de César, coordinador general de Política y Gobierno en la administración obradorista, y quien fue esposa de Porfirio Muñoz Ledo) reiteró ayer en conferencia de prensa lo que dos días atrás había dicho en San Lázaro: que algunos de esos s uperdelegados han cometido malversación de recursos públicos y, además, han usado algunos de tales recursos para influir en el proceso interno de renovación de dirigencias de Morena. La diputada Yáñez habló luego de presentar las correspondientes denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República.

Señalamientos en términos más duros y amplios ha hecho la propia dirigente actual de Morena, Yeidckol Polevnsky. El propio Presidente de la República ha salido al paso y recientemente advirtió a los superdelegados de las sanciones penales a que se pueden hacer acreedores quienes utilicen los recursos públicos para tareas de proselitismo. Luego, Gabriel García reiteró las advertencias e indicaciones. Lo cierto es que las elecciones intermedias están precozmente a la vista.

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