Desde hace tres años, la Fiscalía General del estado de Morelos ha desacatado la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual instruye a la dependencia a investigar y sancionar a 42 funcionarios involucrados en la inhumación clandestina de 119 personas en la comunidad de Tetelcingo, lo que genera el riesgo de que este episodio quede en la impunidad, denunciaron familiares de las víctimas.

En conferencia de prensa, recordaron que el caso fue descubierto luego de que el comerciante Oliver Wenceslao Navarrete Hernández fuera asesinado en 2013, pero sin que sus restos mortales le fueran entregados a su familia, con el argumento de que al tenerlos bajo resguardo del Servicio Médico Forense, se evitaría que los responsables del delito pudieran evadir su responsabilidad.

A finales de 2014, la madre y la tía de Navarrete descubrieron que el expediente de su ser querido estaba supuestamente extraviado y que su cuerpo había sido enterrado en una fosa común, junto con los de otras 118 personas, cuyos restos habían sido tratados sin respeto y sin haberlos identificado previamente.