Mientras Estados Unidos no imponga controles más estrictos para la venta de armas, el tráfico ilícito norte-sur que alimenta al crimen organizado no cesará a pesar de la instalación del operativo Frozen para congelar el flujo de pertrechos, advirtieron especialistas en asuntos fronterizos y relación bilateral.

Ante el gran flujo entre México y Estados Unidos, es prácticamente imposible revisar todo lo que cruza, advirtió José Andrés Sumano, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), ubicado en Matamoros.

Expuso que los puentes de cruce ya cuentan con tecnología sofisticada para las revisiones; sin embargo, el número de personas y cargas que cruza hace imposible que todos pasen por esos equipos.

La única solución viable y a largo plazo es que Estados Unidos cambie su política, refirió. Sin embargo, hoy parece imposible, pues está muy arraigado en la cultura estadunidense e incluso la segunda enmienda de su Constitución protege el derecho individual a portar armamento.

“Ni las balaceras que han enfrentado, con gran cantidad de muertos… han logrado cambiar la política de armas, así que la presión de México no lo hará tampoco”, advirtió Sumano, profesor- investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colef.

Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, augura poco éxito para el operativo Frozen contra el tráfico ilegal de armas.

Advirtió que aunque fuera exitoso el compromiso de Washing­ton y se blinde la frontera, las armas ya están en México. Durante 15 años el crimen organizado ha adquirido todo tipo de armamento, como hemos visto en Sinaloa, citó.

En su reporte más reciente sobre tráfico de armas (2016), la Oficina para la Rendición de Cuentas del Gobierno estadunidense –equivalente a la Auditoría Superior de la Federación– identificó la corrupción como obstáculo para la colaboración.

En ese reporte, solicitado por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos para evaluar los avances del combate al tráfico de armas desde 2009, ya se advertía que delitos violentos cometidos por organizaciones de drogas y trata de personas en México a menudo implican armas de fuego y muchas de ellas tienen origen en el país vecino.