Santiago. Este es un conflicto de una inorganicidad política enorme, expresión del divorcio entre la política y la sociedad, dice Carlos Ruiz (55), sociólogo y doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Nodo XXI. Más allá de sus títulos académicos, él tiene sobre sí el estigma de ser el cerebro ideológico del Frente Amplio, la coalición de organizaciones que irrumpieron en la vida política de Chile a partir de las movilizaciones estudiantiles de 2006. En las elecciones generales de 2017, el Frente Amplio obtuvo 20 diputados (de 155), un senador (de 43) y su candidata presidencial 20 por ciento (1.3 millones) de los sufragios.

En conversación con La Jornada, diario al cual conoce perfectamente porque vivió de joven con su familia exiliado en México, analiza la crisis política y social que sacude a Chile, el alzamiento ciudadano resultado de los abusos e inequidades del modelo neoliberal mercantilista.

La sociedad explotó por fuera de los moldes de la política y de los canales para procesar conflictos. Los viejos actores han desaparecido o son irrelevantes, la capacidad de convocatoria la tienen nuevas coordinadoras: contra las administradoras de pensiones, contra las privatizaciones y por la recuperación de la soberanía del agua, etcétera. Esos actores no tienen institucionalidad y son invisibles para la política, pero son las que convocan y están apareciendo vocerías, explica acerca de la dinámica de la protesta.

Las privatizaciones que hubo en Chile en los años 90 mercantilizaron todos los servicios sociales. Eso causó una crisis de certidumbre, porque si bien subieron los ingresos promedio, una alta proporción se destina a pagar servicios de protección social privatizados. La ex Concertación (extinta coalición de partidos políticos que condujo a Chile por 20 años consecutivos tras la derrota de Pinochet en 1988) suele escudarse en que la derecha no los dejó hacer más cosas, pero el problema es que construyeron una comunión de intereses y los directorios de las empresas que manejan estos servicios sociales privatizados son integrados por las viejas figuras de la Concertación, señala.

–¿Cómo se entiende que millones se reúnen a caminar y proclamar consignas sin liderazgos?

–Esto es un laboratorio de conflicto. Nunca uno pudo decir de forma más feliz soy uno en un millón. Esto ha querido ser combatido con una sobre visibilización de la violencia, una violencia muy extraña, dudosa. Las condiciones están abiertas para una aventura ultraconservadora de carácter autoritario, por sectores empresariales que no quieren ceder los beneficios del rentismo. Aquí la pobreza se subsumió y lo que marca la desigualdad es la enorme distancia que tiene la concentración de la riqueza del resto de la sociedad.

–¿El riesgo de la salida ultraconservadora, esta articulación del empresariado pinochetista, cómo se expresaría en la práctica?

–Un aventurerismo militar, por ejemplo. Hay sectores militares que se han portado muy bien –eso quiero decirlo expresamente–, y eso nos cuesta mucho entenderlo a los chilenos. Cuando el presidente dice que está en guerra, el general a cargo de la guerra (Javier Iturriaga, responsable de aplicar el estado de emergencia en Santiago) le dice: soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie. La presidencia está sometida a presiones enormes en este momento y creo que los sectores ultraconservadores lo están haciendo en ese sentido.

–¿El general Javier Iturriaga habló por cuenta propia o lo dijo en nombre del ejército?

–Sectores de las fuerzas armadas se han negado a reprimir, pero hay otros que han sido feroces. Hay un proceso de reorganización política interno de estas instituciones; pero en el vacío de poder que se ha creado hay espacio para una aventura conservadora. En Chile hay una ultraderecha que no es menor, que tiene anclaje en sistemas confesionales religiosos, reductos muy constituidos, centros de pensamiento, hay empresarios que han salido con discursos muy duros que no están en línea incluso con los propios gremios empresariales y tienen seudointelectuales provocadores.

–¿Cómo debe enfrentarse este peligro autoritario?

–No nos debemos dejar provocar, la derecha tiene siglos, décadas de saber provocar, para llevarte a un terreno donde dan vuelta las cosas, pero cuando marchan en la calle millones de personas de la sociedad chilena, ahí la derecha no tiene nada que hacer.

–¿Hasta qué minuto la presidencia de Piñera es útil a la derecha económica de la cual él forma parte?

–Y parte destacada, es parte de los superricos. Tengo la impresión de que excepto para este sector ultraconservador, de momento Piñera está siendo el pivote en el cual se negocian alternativas. Y creo que no poco de la fronda de los 90 está involucrada (fronda es una expresión usada en Chile, particularmente en el siglo XIX, para referirse a la aristocracia y cómo actuaba para proteger sus intereses; en este caso, Ruiz la usa para aludir a las élites políticas que pactaron la transición tras Pinochet). A través de la figura de Piñera se está expresando esa negociación, pero si fracasa, creo que podríamos estar en un momento en el que el vacío se agudice.

–Supongamos que la fronda se pone de acuerdo, ¿qué sería lo aceptable?

–Ahí se produciría una medición de fuerzas, porque esta fronda no tiene la capacidad de instalarse como lo hizo en los años 90. Eso van a tener que entenderlo, si no esto tenderá a reventar, sería una burla. La solución popular es no permitir una negociación cupular, que no se retroceda a la cocina, a la vieja política de los acuerdos cupulares de los 90.

–¿Cuál es el mínimo necesario para comenzar a resolver la actual crisis?

–Necesitamos una escalera larga y una chiquita: una bajada de medidas concretas que llegue inmediatamente al bolsillo de las personas. Y por otro lado, una agenda de transformaciones que son más complejas. Para ejemplificar, una medida urgente es acceso inmediato de las personas que están en riesgo vital, con enfermedades terminales, a sus fondos de pensiones, que se estima son más de 37 mil. Para mediano plazo, un sistema de negociación donde sean parte las organizaciones sociales que han promovido estas movilizaciones gigantescas.

“Y a largo plazo hay que trabajar en desmantelar un tipo de desigualdad que se produce políticamente, donde la estructura tributaria hace que sostener las arcas fiscales caiga sobre los que menos tienen. Revertir el sistema tributario chileno significaría dar cuenta de una de las fuentes de desigualdad política, no de mercado, más significativa.

En Chile hay un tipo de desigualdad que proviene de la acción del Estado en favor del empresariado. Este neoliberalismo no funciona ni dos segundos sin la protección del Estado. Hay que desmantelar este Estado y construir otro con la participación de los sectores populares. Eso es lo que está en el centro de la lucha política y cualquier solución cerrada que implique reproducir la política de los acuerdos de los 90 va a ser vapuleada desde la protesta social.

–¿Hoy es el momento de generar una nueva Constitución?

–Hay que ser cautos. Si es por mí, inmediatamente, porque hay que constitucionalizar la salida del neoliberalismo. Pero ahora no podemos perder de vista las medidas inmediatas, porque una nueva Constitución es un punto de llegada del proceso de acumulación de fuerzas. Entonces, centrarlo todo en una nueva Carta Magna puede producir un desgaste y que la gente perciba que no se cumplió con las expectativas más inmediatas.

–¿Y si Piñera da inicio a un proceso constituyente?

–Aquí el segundo paso consistiría en evitar que ese proceso se reduzca a las famosas mesas de expertos, colonizadas por la tecnocracia, de los cuales la sociedad chilena está cansada, técnicos apolíticos que naturalizan intereses mezquinos al servicio de grandes corporaciones. Aquí lo que hay que abrir es participación popular.

–¿Cuánto más puede resistir la expresión pública de la protesta considerando el desgaste síquico y físico?

–No es indeterminado, pero puede trasladarse a otras formas de organización, por ejemplo, lo que en México se conoce como plantones.