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Durante 2018 hubo 11 mil desplazados por violencia
 
Periódico La Jornada
Martes 29 de octubre de 2019, p. 11

En 2018 se registraron 11 mil desplazamientos forzados en México, la mayoría asociados con la violencia criminal, sobre todo en zonas urbanas, señaló Vicente Anzellini, coordinador del Informe Global sobre Desplazamiento Interno.

El especialista participó en el coloquio internacional Panorama Regional sobre Desplazamiento Forzado Interno y Perspectivas para el Estado Mexicano, realizado en la Secretaría de Gobernación, donde advirtió que la cifra no incluye datos de varias entidades de las que sabemos también hay violencia

Rocío González, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, dijo que algunos de los efectos que ha dejado el desplazamiento forzado interno son rompimiento de familias, deterioro de lazos sociales y culturales.

A eso se agregan la pérdida patrimonial, falta de acceso a la educación y a servicios básicos, quebranto de relaciones laborales estables e incapacidad de acceder a satisfactores vitales como la comida, vivienda y medicamentos.

Anzellini resaltó que el fenómeno de desplazamiento forzado interno –sea por violencia o desastres naturales– se ha incrementado a escala mundial. Comentó que uno de los principales desafíos en la elaboración del informe es la obtención de datos, así como las lagunas de conocimiento que existen en torno a este fenómeno. Ante eso, dio recomendaciones para abordarlos y reducir las cifras.

Por otra parte, la oficial de desplazamiento interno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Elisa Guzmán Gaviria, destacó la importancia de trabajar en el diseño social y normativo, así como en políticas sectoriales que impacten a las sociedades que han sido violentadas por este problema.

En tanto, el representante de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de México, Juan Pablo O’Farrill, resaltó la importancia de otorgar una respuesta integral y diferenciada a las víctimas de desplazamiento forzado en aspectos como protección, salud, educación, albergue, alimentos y agua, las cuales deben estar basadas en un enfoque de derechos humanos.