En la reinstalación del Consejo Nacional de Vivienda –que desde hace cinco años no sesionaba– el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, destacó que uno de los temas pendientes de trabajar en el Plan Nacional de Vivienda 2020-24, es el de los mecanismos de financiamiento para llegar a las personas que no tienen acceso a un crédito.

Expuso que la gran mayoría de esa población se concentra en el centro, sur y suroeste del país, donde la formalización del empleo laboral es menor y suelen tener acceso a microfinanciamientos del orden de 50 por ciento en lo que es el cobro del crédito, lo que consideró muy poco humano.

Detalló el funcionario que actualmente entre 6 y 9 millones de acciones de vivienda no se tienen atendidas, las cuales en gran parte están relacionadas con mejoramiento, ampliación y en algunos casos de sustitución de los inmuebles. En su mayoría están ubicadas también en el centro, sur y suroeste, indicó.

Meyer Falcón informó que el programa de vivienda social cuenta con alrededor de mil 400 millones de pesos para el próximo año. Reconoció que si bien no son los mismos recursos que se manejaban en administraciones anteriores y los cuales eran superiores, actualmente hay una reorientación, pues gran parte de ellos están destinados a los programas de reconstrucción y mejoramiento urbano.

Además, señaló, el Presidente de la República ha sido muy claro en que aquellas instancias que tengan mayor capacidad de ejecución de los recursos en tiempo y forma podrán tener una ampliación ­presupuestal.

Siete elementos de la ONU

Durante la presentación de los avances en la elaboración del Plan Nacional de Vivienda, Edna Vega Rangel, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), explicó que la estrategia contempla los siete elementos que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU): seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, habitabilidad, ubicación, adecuación cultural, accesibilidad y asequibilidad.

Sobre la tenencia, Vega Rangel planteó que el objetivo es fomentar la creación de instancias que proporcionen asesoría legal a la población que no tenga los medios apropiados para proteger su ­patrimonio.

Respecto de la asequibilidad de la vivienda, señaló que la problemática actual es que los mecanismos para su acceso no se adecuan a los diversos tipos de demandantes, a sus niveles de ingreso y a las modalidades de inmuebles.

En relación con la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, precisó que la estrategia nacional contempla coordinar esquemas de cooperación entre las diferentes escalas de gobierno para ejecutar obras de servicios y equipamiento público, así como fomentar el uso de ecotécnias y nuevas tecnologías para incrementar la cobertura, entre otras.