El accidente sufrido el sábado pasado por un grupo de reporteros que cubrían la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora lleva a dos debates centrales: las condiciones en las que trabajan los comunicadores y si el Estado mexicano está o no obligado a financiar la cobertura de actos públicos, señaló el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Joel Salas.

La ley asienta que debe haber transparencia total en la relación entre el gobierno y los medios, dijo en un video que difundió ayer en sus redes sociales, en el que de entrada manifestó su solidaridad para los reporteros y fotógrafos que resultaron lesionados.

Al respecto, cabe subrayar que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, La Jornada ha sufragado los costos de sus enviados durante las giras nacionales e internacionales.

El comisionado Salas indicó que los ahorros propuestos este año por el gobierno federal en materia de publicidad oficial podrían asignarse a programas que promuevan la libertad de expresión y a garantizar la seguridad de los periodistas, sin poner en entredicho el cumplimiento irrestricto al artículo 6 constitucional, que consiste en que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

El comisionado afirmó que tanto en la asignación de publicidad oficial como en la transportación a los periodistas las autoridades deben transparentar los gastos. De esa manera se puede garantizar que exista igualdad de condiciones para todos los medios de comunicación, concluyó.