omo diría el clásico optimista, en materia económica ni frío ni calor: cero por ciento. Ese es el triste comportamiento del producto interno bruto en los primeros nueve meses de 2019 con respecto a igual periodo de 2018. Pero tiene sus bemoles: si el comparativo se hace de abril-junio a julio-septiembre del presente año, entonces la economía registra un avance –por llamarlo así– de 0.1 por ciento, aunque si la medición es del tercer trimestre del año pasado a igual lapso del presente, el resultado es un descenso de 0.4 por ciento.

Todo un galimatías macroeconómico, que traducido al castellano simple quiere decir que el horno no está para bollos y que el comportamiento económico nacional es más que preocupante, toda vez que el resultado del tercer trimestre de 2019 es el peor desde finales de 2009, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB periódicamente elaborada por el Inegi.

Ante tal panorama, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– subraya que la debilidad de la economía mexicana se ha profundizado y permite refrendar la necesidad de aplicar un programa de reactivación que evite la continuidad del letargo económico.

El presente año presentó la oportunidad de poner en marcha una estrategia de promoción de la inversión productiva y con ello mitigar la desaceleración económica que se había observado desde mediados de 2018. Ahora, México debe evitar las consecuencias de la caída en la inversión productiva, particularmente en el mercado laboral y el consumo de las familias.

Para el cierre de 2019 lo pertinente es establecer un programa económico emergente que tenga como prioridad finalizar con la recesión que se vive en el sector industrial y cuyas consecuencias han llegado al mercado interno. La relevancia de esto último aumenta por la contracción que se observa en la industria de Estados Unidos y los efectos adversos que ello tendrá para México. Por ello es fundamental garantizar el fortalecimiento de la economía nacional. De no ocurrir así, el empleo será la siguiente variable que mostrará los efectos de los problemas que enfrenta el sistema productivo nacional.

Para el IDIC es necesario: reconocer la magnitud de la desaceleración económica y que ello se traduce en una fase recesiva; implementar un programa de reactivación que comience con una modificación en materia de inversión pública (el Congreso y el Poder Ejecutivo tienen la oportunidad de eliminar la reducción planeada en la inversión física del sector público para el 2020).

Asociado a lo anterior, el gobierno mexicano puede garantizar que los proyectos de infraestructura y las compras de gobierno tengan un elevado contenido nacional. Ello beneficiaría al mercado laboral porque evitaría una reducción en la creación de empleo. De la mano, el pago oportuno a proveedores.

Debe permitirse la depreciación acelerada de activos y 100 por ciento de deducibilidad en las prestaciones a los trabajadores. Priorizar la reactivación de los sectores estratégicos que enfrentan los mayores desafíos, como el de la construcción. Asimismo, mayor coordinación entre las políticas monetaria y la fiscal, que deben promover el crecimiento mediante menores tasas de interés y expansión en la inversión pública.

Debe ponerse en funcionamiento un acuerdo nacional para la conservación del empleo y el fomento a la inversión a nivel sectorial y regional: atender las necesidades prioritarias que garanticen frenar los efectos adversos de la fase recesiva. Sin un programa de reactivación robusto e integral, México seguirá enfrentando las consecuencias negativas de un ciclo económico que se encuentra en la fase de recesión.

Las rebanadas del pastel

El informe presentado ayer en Palacio Nacional sobre el pasado operativo en Culiacán es relevante y puntual. Si lo hubieran divulgado al día siguiente de los acontecimientos, tal vez el presidente López Obrador no habría concluido que los medios de información se nos lanzaron con todo; mostraron el cobre.

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