Mexicali, BC., El Congreso de Baja California designó al abogado tijuanense Juan Guillermo Ruiz Hernández titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo encargo durará cinco años. Ruiz Hernández aseguró que mantendrá autonomía e independencia del gobernador Jaime Bonilla, de quien es amigo y ha sido su abogado durante los últimos años.

Tras ser aprobada, en sesión previa de la comisión de Gobernación, la Ley Orgánica de la FGE, el primer acto de gobierno que hizo en materia parlamentaria el gobernador Bonilla Valdez fue entregar el documento 01/2019 que contenía la terna para designación del fiscal, integrada por Juan Guillermo Ruiz Hernández, Hiram Sánchez Zamora y Jorge Alberto Álvarez Mendoza.

Con 23 votos a favor y dos en contra (del PAN) fue validada la dispensa del trámite para que este viernes se eligiera al próximo fiscal por la urgencia que hay en esta asignación. Vía cédula (voto en privado depositado en una ánfora) 23 legisladores votaron por Ruiz Hernández –para la FGE–, con autonomía del Poder Ejecutivo, que además asume las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Como parte de la oposición que mostraron los legisladores panistas en contra de votar este tema durante la sesión, uno de ellos anuló su voto y otra sufragó por Jorge Alberto Álvarez Mendoza.

Apenas el 10 de octubre fue aprobada la reforma constitucional para crear la FGE, por iniciativa del legislador panista Miguel Ángel Bujanda Ruiz, luego de varios intentos de la legislatura anterior que aprobó que su titular se nombrara con una convocatoria abierta a todos los profesionales del derecho.

Ofrece autonomía

Tras rendir protesta en las primeras horas de este viernes, Guillermo Ruiz aseguró que la FGE se debe a los ciudadanos, por lo que tendrá autonomía real con el gobernador Bonilla, y adelantó que su plan de trabajo para disminuir la incidencia delictiva será presentado el próximo 8 de noviembre en Tijuana.

Sobre la desaparición de la Policía Estatal Preventiva (PEP), nombrada ahora Guardia Estatal, dijo que los 500 agentes tendrán espacio en la nueva corporación de seguridad; pero si alguno comete "una falla" será judicializado.

En su momento, los morenistas justificaron la desaparición de la PEP por la corrupción y la presunta participación de sus elementos en secuestros y homicidios.