El pasado 26 de septiembre, durante su comparecencia ante el pleno del Senado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó en torno a la llamada ley Bonilla: Es, en mi opinión, inconstitucional. No he cambiado de opinión. Punto. La sostengo, señalamiento que le valió el aplauso de los legisladores.

En Los primeros minutos del primero de noviembre, la funcionaria dijo ante el gobernador Bonilla –luego de que él tomara posesión del cargo– que la reforma a la constitución de Baja California que amplía el plazo de gobierno a cinco años previvirá.

Por la noche del viernes, vía Twitter, la ministra en retiro escribió: “En el asunto del gobernador de Baja California…mi postura ha sido muy clara. Soy respetuosa de las jurisdicciones y declaré que es legal porque hay una norma vigente del Congreso del estado que así lo establece.

El problema radica en quién está legitimado para promover la acción y en su caso será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida.