La práctica de actos de tortura a la que recurren algunos elementos policiacos en contra de presuntos delincuentes o personas inocentes son un problema estructural y sistemático en la que se trabaja diariamente para abatirla, admitió la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La dependencia a cargo de Omar García Harfuch notificó que recibió y aceptó la recomendación 17/2019 de la Comisión de Derechos Humanos local por actos de tortura y malos tratos en contra de adolescentes y jóvenes.

Hasta el momento, la SSC dijo que la defensoría de derechos humanos ha emitido cuatro recomendaciones en las que señala la práctica de actos de tortura y malos tratos que cometió personal de la dependencia capitalina, por lo que se comprometió a consolidar, desde el ámbito de sus atribuciones, mecanismos que abonen en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la tortura.

En una tarjeta informativa anunció que efectuará las acciones a fin de aceptar y cumplir el pronunciamiento de la defensoría de los derechos humanos que recibió el 28 de octubre, al insistir en que se compromete a realizar las gestiones que resulten procedentes para generar y ejecutar un plan integral individualizado para cada víctima directa que considere las violaciones que sufrió.

Sin embargo, no precisó si tiene ubicados a los uniformados que habrían cometido actos de tortura o si aplicará sanciones a los efectivos que incurrieron en dicha práctica.

El cuarto visitador general, Juan Carlos Arjona Estevez, detectó elementos que derivaron en cuatro recomendaciones de la CDH: la 15/2019, por falta de debida diligencia en la investigación de tortura sexual; 16/2019, relacionada con el uso de tortura sicológica como herramienta de investigación; 17/2019, por actos de tortura y malos tratos en contra de personas adolescentes y jóvenes, y 18/2019, sobre el uso de la tortura como método de investigación en delitos de alto impacto.

Las recomendaciones también fueron dirigidas a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que la defensoría de los derechos humanos recomendó que en su transición a fiscalía integre un mecanismo local de prevención y seguimiento a la tortura.

Mientras a la SSC recomendó que revise y en su caso modifique el acuerdo 13/2014 relacionado con el protocolo de actuación en manifestaciones, en el que precise de forma específica la prohibición de cometer actos de tortura, así como tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en contra de personas adolescentes o jóvenes en caso de su detención.