Guadalajara, Jal., El ayuntamiento de Zapopan se negó a cumplir un requerimiento del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), basado en una resolución de agosto, la cual ordena al municipio otorgar licencias de habitabilidad para que por fin puedan venderse las Villas Panamericanas, complejo que albergó a los atletas en 2011.

El alcalde Pablo Lemus respondió ayer al magistrado y al desarrollador que falta crear infraestructura para otorgar los permisos.

Calculó que se requiere invertir al menos 400 millones de pesos para adecuar las villas a lo que exige la normatividad municipal sobre habitabilidad. Aclaró que esos cálculos se basan en los planes parciales de 2008 y no están actualizados.

Aseguró que la densidad de población prevista sobrepasa los límites estipulados, no se ha resuelto el problema del drenaje, que durante los Juegos Panamericanos provocó problemas sanitarios a los atletas; no hay servicio de agua potable ni vialidades de acceso.

Hay requisitos que se estipularon desde 2008 sobre vialidades primarias y secundarias que debería construir la propia Villa Panamericana y otras medidas de mitigación, sobre todo para proteger los mantos acuíferos y hacia el bosque de La Primavera, explicó Lemus.

La familia Cornejo, que compraría la totalidad de las villas –en las que tiene participación desde que se inició el proyecto–, afirmó haber hecho las adecuaciones necesarias para evitar violaciones a los planes parciales de desarrollo.

Los Cornejo anunciaron que iniciaron el trámite ante el ayuntamiento de Zapopan para obtener las licencias y también iniciaron un proceso judicial en previsión de que la autoridad municipal les negara el permiso. La negativa del gobierno de Zapopan también va dirigida al magistrado de la segunda sala unitaria del TJA, quien ordenó inspeccionar y recibir las obras para otorgar el dictamen de habitabilidad.

En agosto pasado el TJA dio respuesta positiva a los desarrolladores y al gobierno estatal, que buscan que el complejo se venda por mil 500 millones de pesos, con lo que en teoría se repondrán los poco más de mil millones de pesos tomados del fondo de ahorro de los trabajadores afiliados al Instituto de Pensiones del Estado y del Instituto Jalisciense de la Vivienda.