La ley Bonilla acumuló ya su séptima impugnación constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de esta norma por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se impugnan las reformas a la Constitución del estado de Baja California que permitirían que el periodo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien apenas tomó posesión el viernes pasado, pueda prolongarse por cinco años, en lugar de los dos para los que fue originalmente elegido.

En el acuerdo de admisión, la Corte dio a conocer que este asunto se acumulará con los similares que presentaron los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento ciudadano y el Partido de Baja California, organización con registro estatal.

Debido a que versan sobre el mismo tema, todos fueron asignados para su estudio a la ponencia del ministro Fernando Franco González Salas, al igual que la controversia constitucional que, también sobre la ley Bonilla, promovió el anterior gobierno de Baja California, que encabezó Francisco Vega de Lamadrid, de extracción panista.

Falta aún por ser admitida a trámite la acción que presentó el Instituto Nacional Electoral en contra de la ley Bonilla, con la cual ya serían ocho las impugnaciones presentadas ante la Corte.

Desecha petición el TEPJF

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó ayer otra impugnación en contra de la ley Bonilla, esta vez de Movimiento Ciudadano, con el argumento de que no puede resolver la queja deun hecho que no se deriva ni está vinculado a un acto concreto de aplicación emitido por una autoridad electoral.

El magistrado Reyes Rodríguez se manifestó en contra de la decisión y dijo que el tribunal debería analizar el fondo del tema, sobre todo porque ya hay hechos concretos derivados de la norma, como es que Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador para cinco años y no para dos.

El proyecto aprobado por la mayoría de los magistrados explica que el demandante pretende que la Sala Superior ejerza un control abstracto de constitucionalidad, lo cual sólo es facultad de la SCJN.

Rodríguez advirtió que la ausencia de un pronunciamiento del tribunal frente a lo que ocurre en Baja California, no atiende de manera profunda y sustanciada la necesidad de los partidos políticos, las candidaturas y las autoridades electorales de respetar el voto ciudadano y las reglas del juego democrático.

El que Jaime Bonilla rindiera protesta por un periodo de cinco años actualiza la competencia de la sala superior, así como su obligación de garantizar elecciones legítimas, legales, definitivas, situación plasmada en los principios de certeza, seguridad jurídica, legalidad y definitividad de las elecciones, añadió.