La jerarquía católica se reúne entre hoy y el 8 de noviembre en el Congreso Latinoamericano sobre la prevención del abuso sexual de menores, a celebrarse en la Universidad Pontificia de México, en el que participan representantes del Vaticano, como Charles Scicluna, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, experto en la lucha contra la pederastia clerical y quien investigó los abusos del fundador de los legionarios de Cristo.

Sin embargo, el cónclave es a puerta cerrada y tampoco se anuncia la presencia de organizaciones sociales mexicanas o internacionales que acompañen casos de pederastia clerical. Ante esta situación, activistas criticaron la falta de transparencia de la Iglesia católica.

Organiza el acto el Centro de In­vestigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (Ceprome), afiliado al Centro de Protección Infantil de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, el único en América Latina que certifica a las conferencias episcopales de la región en cuanto a la prevención, atención e intervención de los abusos cometidos contra menores.

El costo de inscripción fue de 80 dólares y no se permitirá acceso a los medios. También acude el nuncio apostólico, Franco Coppola; el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, y el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. Además, obispos de Bogotá, Estados Unidos y Alemania.

Julián Cruzalta, fundador de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo en entrevista que esta organización no fue invitada a participar –aunque acompañan casos de abuso sexual cometidos por clérigos–, y aunque desde la Iglesia católica se han dado pasos importantes para combatir ese flagelo, en lo concreto son marginales, sin transparentar lo realizado.

Parte de este problema es ventilar públicamente el asunto, porque no se trata sólo del abuso de algunos sacerdotes, cosas personales, sino que es un asunto institucional, señaló en entrevista.

Ante el argumento de la Iglesia para no brindar más datos por la privacidad de las víctimas, dijo que con esta posición de un plumazo borran la información y pareciera un tema secundario, siendo que ha sido una cuestión gravísima en el país.

En este sentido, Luis Ángel Salas, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien ha acompañado también casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes, expuso que en la realidad aún no se ve que las víctimas tengan todas las condiciones o apoyo de la institución para que se hicieran efectivas sus denuncias.