Madrid. En la recta final de la campaña electoral previa a los comicios del domingo, el presidente del gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, cometió un error garrafal que desató la furia no sólo de los partidos de oposición, sino del conjunto del aparato judicial. En una entrevista radiofónica aseguró que la Fiscalía General del Estado depende y recibe órdenes del gobierno, en alusión al proceso de extradición abierta contra el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica desde hace dos años.

No soy ningún prófugo. Estoy en manos de la justicia belga, como debería saber, que decretó mi libertad sin fianza, respondió Puigdemont en Twitter.

Cuando todos los sondeos advierten de un estancamiento del PSOE, pues hay un empate técnico entre los bloques de la derecha y la izquierda, Sánchez hizo esas declaraciones que incluso pusieron en riesgo las peticiones de entrega de cuatro dirigentes catalanes cursadas por la justicia española a otros estados europeos. Horas después de las declaraciones de Sánchez, la justicia británica negó la entrega de la ex consejera Clara Ponsatí.

En entrevista para Radio Nacional de España (RNE), Sánchez afirmó que la fiscalía depende de su gobierno y que éste ha estado al frente de la reactivación de las órdenes de entrega contra los líderes independentistas, por conducto de los fiscales. Esta declaración pone en entredicho el funcionamiento de la justicia y del aparato judicial.

El error de Sánchez provocó profundo malestar en las asociaciones de fiscales, que emitieron comunicados en que lo acusan de verter sombras de sospecha de interferencia del Ejecutivo.

Desde Cataluña, el movimiento independentista utilizó las palabras de Sánchez para insistir en que en el Estado español no hay separación de poderes y que la justicia española carece de garantías e imparcialidad.

Sánchez, lejos de rectificar, publicó un mensaje en redes sociales en el cual matizó sus palabras, pero insistió en que el gobierno hará todo lo posible para que Puigdemont comparezca ante los tribunales españoles para responder por su actuación durante la fallida declaración de independencia, en octubre de 2017.

El tema recurrente en la campaña electoral es la crisis en Cataluña, incluida la ebullición social con brotes de violencia y la posible liberación de los políticos independentistas presos, condenados a penas hasta de 13 años de cárcel.

Pablo Iglesias, el líder del partido Unidas Podemos, que sería el aliado preferente del PSOE en un escenario poselectoral, tildó de locuras el plan de Sánchez en Cataluña y ridiculizó la propuesta de traer a España al ex presidente de la Generalitat. Alucino porque propuso dos locuras. Que diga cómo va a traer a Puigdemont a España. En un helicóptero con los GEOS (cuerpo de élite del ejército), con Pedro Sánchez descolgándose en Waterloo y montado en el helicóptero a Puigdemont.

A juicio de Iglesias, la estrategia de Sánchez es contentar a la derecha para un futuro acuerdo de gobierno en el que se asiente una política dura y agresiva con el independentismo catalán. Lo que además alejaría un posible pacto entre fuerzas progresistas.