s legal, porque la norma está vigente, decía Olga Sánchez Cordero el pasado viernes después de la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, en la grabación de una reunión privada transmitida por redes sociales. Nuevamente, integrantes del gabinete de López Obrador se ven implicados en controversias debido a tomas de postura expresadas en declaraciones públicas. Ahora fue turno de la ex ministra y actual secretaria de Gobernación, quien refrendó su apoyo a una reforma que ella misma ha llegado a referir como inconstitucional.

Estas declaraciones ponen en juego la neutralidad enfatizada por el gobierno federal ante la ley Bo-nilla, que sin duda es una expresión política que podría interpretarse como propia de las prácticas del unipartidismo mexicano del siglo XX.

La ley Bonilla es la más reciente expresión de estas prácticas que, iniciadas en un contexto donde Morena no gobernaba, dan cuenta de una frágil institucionalidad democrática que es propia no de un partido en concreto, sino del sistema de partidos en su conjunto.

Desde julio pasado se presentó una iniciativa que pretendía reformar el artículo 8 de la legislatura local para extender en tres años el periodo de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, representante de Morena. La polémica se fue incrementando cuando el Congreso local, mayoritariamente panista, decidió validar la reforma, generando una gran controversia entre la ciudadanía, ya que su voto fue otorgado al candidato para gobernar un periodo de dos y no de cinco años. Días después, Bonilla se declaró ajeno a la problemática, deslindándose de toda responsabilidad política por querer ampliar su mandato y adjudicando toda responsabilidad al Congreso. Por si fuera poco, las y los legisladores decidieron legitimar su postura mediante una consulta ciudadana aplicada el 13 de octubre, donde hubo un aplastante apoyo a la ley Bonilla, pero con la escasa participación de sólo 1.9 por ciento del electorado y con muchas denuncias de irregularidades circulando en redes sociales.

Podríamos empezar afirmando que no toda mayoría es democráticamente legítima, es decir, también existen tiranías mayoritarias. La democracia procedimental, encargada meramente de los procesos que garanticen la igual participación ciudadana en la toma de decisiones, cuenta con una serie de valores mínimos que no se puede sobrepasar con la finalidad de que se mantenga el régimen democrático, independientemente de la opinión mayoritaria. Los derechos humanos y las garantías individuales son el piso firme inquebrantable debajo de la democracia. Dicho esto, aseveramos que toda mayoría es ilegítima si vota contra sí misma: contra la democracia y sus formas.

En este sentido, la ley Bonilla atenta contra un derecho humano fundamental como lo es el derecho al sufragio, mismo que fue ejercido para elegir un gobierno de dos años. A pesar de ello, se le sometió bajo supuestas fórmulas democráticas a métodos de mayorías: primero a la mayoría de diputados en el Congreso local y luego a un supuesto mecanismo de consulta popular organizado por el propio Congreso. Es decir, bajo dos supuestos métodos democráticos de mayorías han pretendido atentar contra la democracia misma que se fundamenta en los derechos constitucionales, siendo el sufragio el derecho político más relevante.

Las declaraciones de la secretaria de Gobernación son desconcertantes desde luego por su contenido, pero igualmente porque contradice la supuesta neutralidad declarada por López Obrador, quien ha afirmado que él no se entrometerá en las decisiones de los gobiernos locales, respetando el pacto federal. Tras 11 meses de gobierno, AMLO debe mostrar consistencia ante el caso de la ley Bonilla, pues pretender la neutralidad ante la inconstitucionalidad de un prolongamiento de mandato, o hasta de relección anticipada, si se le quiere ver así, es actuar en aquiescencia con expresiones políticas locales que buscan replicarse en el poder. Así lo hacía el PRI de las décadas del presidencialismo exacerbado, cuando el mismo partido controlaba todos los poderes de la Unión.

Ahora bien, el caso Bonilla podría ser una oportunidad en la medida en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desempeñe su papel de tribunal constitucional y cuide la democracia, poniendo el derecho humano al sufragio universal por delante. Autores como Ferrajoli sostienen que el cimiento de la democracia constitucional estriba en la existencia de un núcleo que no se puede someter a las mayorías –como lo es la vigencia de los derechos fundamentales– y que justo en los supuestos de arbitrariedad existe un Poder Judicial fuerte e independiente que funciona como órgano protector de dichos derechos.

La misma SCJN que hace unas semanas estaba bajo la lupa por la renuncia de uno de sus ministros bajo la presunción de corrupción, hoy tendrá en sus manos el reto de hacer balance como contrapeso y como poder autónomo. En tanto ello sucede, el dilema estriba entre la regresión autoritaria y el fortalecimiento de los contrapesos democráticos.