Tras conocer la propuesta de dictamen de la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum, sobre la ley del sistema de planeación del desarrollo de la Ciudad de México, integrantes de los pueblos y barrios originarios de siete alcaldías manifestaron su rechazo porque, aseguraron, no se tomó en cuenta a los núcleos agrarios.

La preocupación de los pueblos, expusieron, se debe a que la nueva norma regulará el ordenamiento territorial, el uso de suelo, el agua y las zonas ecológicas donde se asientan las comunidades.

En el artículo 48, fracción III, de la propuesta presentada por la jefa de Gobierno, señalaron, se excluye a los pueblos y barrios de la elaboración de los planes parciales, y refiere que su participación será de acompañamiento y coadyuvancia y les coarta su derecho a decidir.

En las escalinatas del reciento legislativo de Donceles y Allende, los representantes de comunidades de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Xochimilco, Cuajimalpa, Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa manifestaron que los pueblos también pueden decidir sobre qué temas no pueden ser sometidos a consulta, como cambios de uso de suelo y desarrollo de megaproyectos, que han afectado su territorio y zonas de gran valor ambiental.

Con la nueva norma también se propone crear un instituto para la planeación y no considera el derecho de los pueblos y barrios a decidir sobre los mecanismos de consulta mediante sus propios protocolos. Por ello, reiteraron su rechazo y anunciaron que seguirán los procesos jurídicos y en caso de aprobarse recurrirán al amparo.

En tanto, organizaciones ciudadanas presentaron observaciones a las propuestas de dictamen sobre la ley de planeación y solicitaron a diputados generar candados para que el titular del instituto de planeación sea autónomo del Poder Ejecutivo local.

Entre los requisitos que proponen para la elección del titular están: que los aspirantes cuenten con conocimientos académicos en materia de planeación y sustentabilidad, que no hayan ocupado una candidatura o puesto partidista o sido funcionarios públicos a nivel local o federal en los cuatro años recientes, y que tenga conocimiento sobre obligaciones de transparencia y del sistema anticorrupción.

Asimismo, exhortaron otorgar independencia al instituto de planeación, con lo que mostraron su desacuerdo con sectorizar el organismo a la jefatura de Gobierno, como establece la propuesta de la autoridad central.

“Más que hacer cargos ad hoc tiene que haber las reglas claras y negociadas por muchos acuerdos y actores; nos interesa mucho que sean convocatorias públicas, que no haya dedazos y que haya una calificación pública a los aspirantes.

(Al instituto) que se le dé autonomía para que no dependa del jefe de Gobierno y cada seis años esté cambiando la planeación a los 20 años próximos, explicó Mónica Tapia, de Ruta Cívica, quien llamó a los legisladores a detallar y dejar claros la elección de nombramientos, perfiles y sus funciones de cada cargo.

Sobre el retraso en la aprobación de la ley de planaeación, que debió realizarse ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe, se deslindó, y dijo que la responsabilidad es de los presidentes de las comisiones.