La Ciudad de México contará a partir del primero de diciembre con una Sala Constitucional que se encargará de proteger las disposiciones establecidas en la Carta Magna capitalina, la cual fue diseñada con criterios de austeridad para que su integración y funcionamiento no signifiquen una carga presupuestal, que se estimaba en alrededor de 90 millones de pesos.

El Congreso capitalino aprobó ayer por unanimidad de los 60 legisladores presentes en el pleno la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, que una vez que entre en vigor agilizará el proceso para crear el órgano jurisdiccional y dar cumplimiento al plazo fijado en la misma Constitución local para el inicio de sus funciones.

Al presentar al pleno el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, de Morena, dijo que esta sala dará a la ciudad los instrumentos de control que garantizarán la plena y absoluta vigencia de la Carta Magna local.

Resaltó que su creación se ajusta a los criterios de austeridad, pues si bien será un órgano permanente, los siete magistrados que la integren tendrán una doble jurisdicción, es decir, podrán ejercer también en materia civil, penal o de justicia para adolescentes, con lo que no será necesario crear siete nuevas plazas de magistrados con sus respectivas ponencias; sólo se creará una secretaría de acuerdos y otra proyectista.

La sala se encargará de interpretar la Constitución capitalina al resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Conocerá, además, las acciones por omisión legislativa cuando el Congreso o el titular del Ejecutivo local no expida o publique leyes, decretos o normas generales y constitucionales.