Chilpancingo, Gro., Unos 250 comisarios de ocho municipios de las regiones de la Costa y la Montaña y los encargados de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se manifestaron este jueves para exigir al gobierno del priísta Héctor Astudillo Flores la derogación del artículo 14 de la Constitución estatal que desconoce a esta institución civil.

En el mitin realizado fuera de un juzgado de distrito, en Chilpancingo, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidió al Congreso local una nueva ley para que sean reconocidos los derechos de los pueblos indígenas y afromestizos.

Expuso que el Poder Judicial está para administrar justicia, hacer valer el estado de derecho y cumplir con las normas internacionales firmadas por el gobierno mexicano para proteger las garantías individuales, pero en Guerrero, la autoridad encargada de administrar justicia ha pisoteado los derechos de los pueblos indígenas al discriminar este sector poblacional, señaló.

En su oportunidad Marco Antonio Suástegui Muñoz, representante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y miembro de la CRAC-PC en el poblado de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, demandó la libertad de dos de sus compañeros detenidos desde enero de 2018 y justicia para cinco que fueron ejecutados ese mes.

También pidió a la legislatura estatal que devuelva la aplicación de la ley a los pueblos originarios, porque donde hay policías comunitarios no hay delincuencia, violaciones ni cobros de piso.

Suástegui Muñoz solicitó también respeto a la CRAC-PC, a la Ley 701 y la derogación del artículo 14 de la Constitución estatal, que desconoce los derechos de la institución comunitaria.

Instó al gobernador a destituir a su asesor César Flores Maldonado porque es un buitre que se ha metido a los bienes comunales de Cacahuatepec con 100 pistoleros y sicarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (Upoeg) para dividir a la gente, matar campesinos y quitar tierras a sus propietarios para entregarlas a los gravilleros y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la protesta participaron las casas de justicia de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Acatepec y Ayutla de los Libres.

Por otro lado, sin que se abordara la principal demanda de los campesinos amapoleros de los pueblos de la Sierra Madre del Sur, que reclamaron al gobierno federal la suspensión de las fumigaciones en sus plantíos, concluyó la reunión de comisarios de 16 comunidades con Astudillo Flores.

El 5 de noviembre pasado, Iván Hernández, delegado regional de la zona centro del gobierno federal, dijo que unos 150 campesinos de 15 comunidades retuvieron, un día antes, a 22 soldados del 50 Batallón de Infantería en Las Margaritas, pueblo de Heliodoro Castillo, pues les pidieron dejar de sembrar amapola.

Sin embargo, en la reunión de este jueves en Casa Guerrero, el gobernador dijo a los 29 campesinos que no podía intervenir ante el gobierno federal para resolver su petición de que el Ejército Mexicano deje de destruir sus plantíos.

En cambio, los amapoleros se comprometieron ante las autoridades, encabezadas por el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval y Astudillo Flores, a sembrar árboles frutales en vez de amapola. El programa Sembrando Vida se iniciará en enero de 2020, precisó el campesino Tomás García.