principios de la década de los 70 del siglo pasado, pululaban por el entonces Distrito Federal exiliados políticos centro y sudamericanos y caribeños y las cárceles del país –vaya paradoja– estaban llenas de presos políticos mexicanos. Un tanto a regañadientes, el gobierno priísta daba cobijo a perseguidos de las dictaduras que se enseñoreaban en buena parte del subcontinente. En la primera mitad del siglo el régimen surgido de la Revolución Mexicana tuvo –a pesar de sus miserias– un influjo innegable en los movimientos sociales progresistas. La condición de México como contrapeso a las tiranías militares se acentuó a partir del pinochetazo de 1973 y del golpe castrense de 1976 en Argentina.
Un lustro más tarde la situación se invirtió. Mientras en Sudamérica surgían gobiernos con sentido social, soberanista e integrador que construyeron políticas alternativas al neoliberalismo, México se encontró entrampado en un régimen oligárquico implantado por la vía del fraude en 1988 y en una creciente supeditación a la política exterior de Estados Unidos, la cual chocó en la región con los gobiernos de Hugo Chávez, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales y Rafael Correa. La realineación de México con la corriente latinoamericana predominante fue impedida mediante el nuevo fraude electoral perpetrado en 2006, lo que permitió a la oligarquía neoliberal mantener el poder presidencial –y el del resto de las instituciones– hasta 2018.
Cuando ocurrió la insurgencia electoral del primero de julio del año pasado, el escenario regional había cambiado en forma drástica. En 2015 Cristina Fernández de Kirchner, quien padeció una brutal ofensiva mediática, no logró un nuevo mandato en Argentina y esa nación se vio hundida de vuelta en los dogmas neoliberales; al año siguiente, la oligarquía brasileña, en tanto, perpetró un golpe de Estado legislativo y judicial para deponer a Dilma Rousseff, y un año más tarde el proceso de la revolución ciudadana fue traicionado y dinamitado desde adentro por Lenín Moreno. Los gobiernos de Evo Morales y de Nicolás Maduro quedaron aislados en la región y el segundo fue sometido, además, a una intensa campaña de desestabilización en todos los frentes: el político, el económico, el comercial, el diplomático e incluso el militar.
Así, a su llegada al poder, el primero de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se encontró con un panorama latinoamericano adverso, dominado por gobiernos oligárquicos y neoliberales. Para su primera intervención decisiva en la diplomacia latinoamericana sólo contó con el respaldo de Uruguay y de los países integrantes de la Comunidad del Caribe. Esa alianza bastó para lanzar el Mecanismo de Montevideo, que permitió neutralizar la que pretendía ser la ofensiva final de Washington para hundir a Venezuela en una guerra civil.
Pareciera que en el último medio siglo México y Sudamérica se han movido como dos péndulos contrapuestos: mientras en la porción norte de América Latina hay conciencia de la soberanía nacional y vocación social de las instituciones, la del sur sucumbe a dictaduras y gobiernos oligárquicos; por el contrario, cuando en Sudamérica han predominado los proyectos políticos soberanistas y sociales, nuestro país ha estado sujeto a un régimen sometido a Estados Unidos, oligárquico y antipopular.
Pero hoy el neoliberalismo está agotado y todos los empeños por retomarlo están condenados al fracaso, como lo demuestran las insurrecciones populares en Ecuador y Chile y la reciente victoria electoral del peronismo progresista en Argentina. Esos hechos permiten vislumbrar un escenario continental en el que sea dable superar esa especie de maldición del doble péndulo y en el que los gobiernos progresistas puedan consolidar un nuevo proceso de integración regional mediante el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y otras instituciones multilaterales al margen de la nefasta Organización de Estados Americanos.
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