A horas de que venza el plazo que se fijó el Congreso de la Ciudad de México para expedir la ley constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, este 21 de noviembre, el proyecto de dictamen está prácticamente terminado para ser sometido a votación ese día en comisiones.

La diputada de Morena Guadalupe Chávez Contreras, presidenta de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, afirmó que el primer ordenamiento sobre el tema que se expedirá en la entidad cumplirá con los estándares internacionales de respeto y reconocimiento a ese grupo, resultado de 17 foros, 149 reuniones de consulta en las comunidades –60 con apoyo logístico del Congreso– y la revisión de más de 8 mil observaciones.

Explicó que para dar cumplimiento al mandato constitucional de consultar a los pueblos y barrios sobre la ley, a fin de tener su consentimiento libre, previo e informado, se diseñó un protocolo de consulta que cumplió con los parámetros establecidos en la declaración de las ONU, así como del Convenio 169 de la OIT sobre derechos de las comunidades.

El proceso se dividió en cuatro fases a partir de la convocatoria emitida el 22 de abril: informativa, deliberativa, de diálogo y recepción de actas y de sistematización de los resultados, que debía concluir el jueves con la aprobación del dictamen en el pleno. Ayer se tenía programada su discusión en la comisión, pero se pospuso para el próximo jueves a fin de hacer una última revisión del documento.

La legisladora aseguró que en la consulta no se excluyó a nadie y si bien advirtió que en todo proceso siempre hay quien no está de acuerdo, están en su derecho y lo vamos a respetar. Descartó que una vez que se expida la ley enfrente impugnaciones, como de hecho no las hubo contra el protocolo y el desarrollo de las distintas fases.

El diputado Carlos Hernández Mirón, integrante de la comisión, dijo por su parte que las más de 8 mil propuestas que se hicieron al proyecto sometido a consulta demuestra el interés en la ley y lo más importante es que se llega con un proyecto que no sólo contiene las opiniones de expertos, académicos y legisladores, sino de las mismas comunidades.