n junio pasado, una comitiva española compuesta por diputados europeos y familiares de víctimas de la dictadura franquista (1939-75) gestionó en Buenos Aires apoyos en favor de la querella que se tramita contra los crímenes cometidos por el Estado español, durante la famosa transición democrática (sic, Pactos de la Moncloa, 1977).

La solicitud se apoya en la investigación de los crímenes del franquismo y el posfranquismo, que la jueza argentina María Servini de Cubría impulsa desde 2010, ya que la ley de amnistía del país ibérico impide juzgar a los responsables en territorio español (1977).

Asimismo, otra solicitud similar acaba de presentarse en tribunales federales de esta ciudad, que dice: “Urgimos a Argentina a que nos ayude en nuestra lucha, y que investigue la atrocidad de esos crímenes…” ¿De dónde provenía y a cuáles crímenes se refería, ahora, el pedido?

La solicitud de marras fue presentada por una asociación de rohinyás (minoría musulmana de Rakáin, provincia occidental de Myanmar, en la antigua Birmania), sometidos a limpieza étnica por las autoridades del país asiático (2016/17). Crimen de lesa humanidad tergiversado por los grandes medios y la delicada consejera de Estado birmano, Aung San Suu Kyi (Nobel de la Paz, 1991).

Acompañados por las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio de Paz y Justicia que preside Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz 1980), los rohinyás recurrieron a la justicia argentina porque en su país no hay tribunales independientes. Mientras que en el ámbito internacional, la Corte Penal no puede intervenir porque el Consejo de Seguridad no ha enviado el caso.

Tomás Ojea Quintana, antiguo relator de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar, dijo que sabiendo que en Argentina existen antecedentes de justicia universal (como la causa que investiga los crímenes del franquismo), los rohinyás decidieron desde el punto de vista simbólico y práctico presentar esta denuncia.

En efecto, con datos provenientes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) al 31 de diciembre de 2015, la justicia argentina logró 662 condenas a genocidas y 60 absoluciones: 38 por ciento de las condenas fueron a la pena máxima (prisión perpetua), 27 por ciento a penas entre 15 y 25 años de prisión, 31.5 por ciento a tres y 15 años, y 3 por ciento fue condenado a penas de hasta tres años”.

De los 925 procesados, 41.2 por ciento (383) están en libertad y 542 en prisión preventiva, de los cuales 224 la cumplen en su domicilio y el resto en la cárcel.

Sin embargo, luego del golpe de extrema derecha en Bolivia, Pérez Esquivel denunció que allí se produjo una intervención militar y una masacre del pueblo por la policía, con el propósito de dejar en soledad al próximo gobierno argentino. Cosa que a su entender, busca dejar al presidente electo Alberto Fernández, sin aliados en América del Sur.

De su lado, el periodista y presidente del Cels, Horacio Verbitsky, escribió en el consultado portal que dirige: La reaparición de las Fuerzas Armadas como actores políticos en toda la región es uno de los aspectos más desgraciados de la situación. Esto ocurre de Norte a Sur, con pocas excepciones.

Agrega: Argentina es la principal, debido al rol de los organismos defensores de los derechos humanos, que hicieron posible un proceso único en el mundo de Memoria, Verdad y Justicia (El Cohete a la Luna, 17/11/19).

Por consiguiente, sería de esperar que la progresista Michelle Bachelet (alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos) ponga su papada en remojo, reconociendo que no sólo en Venezuela se violan los derechos humanos.

Es lo que ahorita acontece en Ecuador, Colombia, y en su propio país, Chile, donde en días pasados desfilaron, frente al Palacio de la Moneda, 200 jóvenes que perdieron algunos de sus ojos por el uso excesivo de la fuerza (sic), según el genocida presidente Sebastián Piñera.