Los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por la lentitud en la investigación del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido hace dos años y medio en Culiacán, Sinaloa.

Es inadmisible que a 30 meses del cruel asesinato de Javier Valdez nadie haya sido todavía condenado por el crimen, señalaron los relatores David Kaye, de la ONU, y Edison Lanza, de la CIDH.

La falta de celeridad en la investigación, enjuiciamiento y sanción de todos los responsables puede resultar en la violación adicional de los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, explicaron en un comunicado de la Oficina en México del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos.

El asesinato de Javier Valdez –el 15 de mayo de 2017 por sujetos desconocidos que le dispararon al salir de su lugar de trabajo– llevó al entonces presidente Enrique Peña Nieto a anunciar que se adoptarían medidas concretas para fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el propósito de garantizar la prevención de agresiones y la protección de la prensa en México.

Los expertos reconocieron los esfuerzos hechos por la Feadle en coordinación con la Fiscalía General de Sinaloa para finalizar la investigación del crimen cometido en contra de Valdez, quien fue corresponsal de esta casa editorial, además de fundador y redactor del semanario Ríodoce.

Sin embargo, enfatizaron, el Poder Judicial ahora debe actuar con debida diligencia para concluir satisfactoriamente los procesos, por lo que lo llamaron acelerar éstos y definir la fecha para el inicio del juicio oral.

Los relatores especiales recordaron a las autoridades mexicanas que el Estado debe garantizar una investigación independiente, rápida, efectiva e imparcial que permita juzgar ante tribunales imparciales e independientes tanto a quienes cometieron estos actos de violencia como a sus autores intelectuales. Sólo así se hará justicia, se evitará la repetición y se prevendrán los efectos inhibitorios que la violencia causa en los comunicadores, indicaron.

Asimismo, los expertos indicaron que la dilación del proceso contribuye de manera directa a la impunidad continua en los crímenes contra periodistas en México, por lo que instaron al gobierno mexicano a remplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, enjuiciamiento y monitoreo, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Es imperativo que las autoridades gubernamentales intensifiquen el uso de la potestad legal de la Feadle para investigar y enjuiciar delitos contra periodistas y adoptar medidas de amplio alcance que pongan fin a la impunidad en el país, explicaron.