El Poder Judicial de la Federación (PJF) está en deuda con las mujeres en prisión, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña Hernández al inaugurar el ciclo de conferencias Mujeres privadas de la libertad.

La ministra expuso que las mujeres son víctimas de las estructuras sociales, lo que se agrava cuando son sujetas a prisión, pues se les somete a un sistema penitenciario concebido por y para los hombres.

Añadió: A la mujer se le encierra no necesariamente por la comisión de algún delito, sino por la existencia de estereotipos perjudiciales que tratan de atraparlas en la subyugación o el silencio, de castigarlas por conductas consideradas moral o sexualmente desviadas.

En el encuentro se analizó el informe de las Naciones Unidas sobre las mujeres en reclusión, difundido a mediados de año, así como estudios sobre el tema en que se señaló que en México, según cifras de 2012, 80 por ciento de las sentenciadas están en la cárcel por delitos contra la salud, en sus modalidades de transporte, posesión y consumo de drogas, ilícitos considerados de bajo impacto.

Pese a ello, señaló Piña Hernández, las mujeres son llevadas a prisión casi como una continuidad natural del sistema patriarcal al que son sometidas: Son privadas de la libertad a manos del Estado, pero también por miembros de la comunidad, familiares compañeros sentimentales cuidadores empleadores y grupos delictivos o armados.

La ministra, quien encabeza el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del PJF, reconoció que aún falta camino para hacer realidad la impartición de justicia con equidad de género, por lo que reconoció que el PJF está en deuda con las mujeres en prisión.

Advirtió que la desigualdad las mantiene privadas de sus libertades, y no sólo tras las rejas: A las mujeres se les encierra en prisiones y centros de detención, en hospitales, instituciones siquiátricas y centros de atención; en lugares de trabajo, en viviendas privadas y en situaciones de conflicto y humanitarias.