Las pérdidas económicas en México a consecuencia de las sequías de 2009 a 2013 significaron 17 mil 940 millones de pesos, mientras por inundaciones ascendieron a 8 mil 678 millones de pesos, cifras que sumadas equivalen a 42 por ciento del presupuesto al campo en 2016.

Ante ello, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en México, lanzaron ayer un mecanismo interinstitucional de monitoreo de la sequía agrícola en el país con la finalidad de hacer un análisis integral y oportuno de las afectaciones climáticas al agro.

La FAO expuso que durante los pasados 14 años nueve de cada 10 desastres en México fueron por eventos hidrometeorológicos, que afectaron 3.4 millones de hectáreas de cultivos y pastizales.

El mecanismo interinstitucional de monitoreo de la sequía agrícola basará sus análisis en dos herramientas desarrolladas por la FAO y Aserca. Esto permitirá alimentar la toma de decisiones del sector público y privado de forma oportuna, particularmente en relación con los posibles impactos en la oferta y precios de los granos básicos, información de relevancia para la política agrícola y de seguridad alimentaria.

Las herramientas ya cuentan con datos del cierre del ciclo Primavera-Verano 2019 y el inicio del ciclo de Otoño-Invierno 2019-2020. La plataforma de seguimiento del estrés hídrico monitorea también posibles afectaciones a la salud vegetal de los granos a escala nacional. Por su parte, la herramienta de Precios Agroalimentarios (Food Price Monitoring and Analysis, FPMA), permite identificar anomalías de precios y generar análisis oportunos.

Eduardo Benítez Paulín, representante asistente de Programas de la FAO en México, expuso que con estas herramientas México se prepara para cumplir el Objetivo 2: Hambre Cero, de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, específicamente en las metas que se refieren a asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y producción, fortaleciendo la capacidad de adaptación al cambio climático.