Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca dar por hecho que Rosario Piedra Ibarra se mantendrá como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a pesar de las irregularidades en su designación, es importante usar todos los recursos legales del país para impugnar su llegada y, de ser necesario, acudir después a instancias internacionales.

Así lo afirmó Alberto Athié, uno de los ex candidatos a ocupar el puesto de ombudsperson, quien consideró que el Presidente de la República no sólo está debilitando a la CNDH, sino también a otros organismos autónomos construidos por la sociedad civil en años de lucha, para crear un modelo de control hegemónico y autoritario.

Lo que quiere el gobierno es dar por hecho que ya asumió la señora [Piedra] y normalizar su papel, como si llegar de la forma en que lo hizo no fuera algo grave. Si nos desechan los amparos [de impugnación al nombramiento], nos vamos a tener que ir a instancias internacionales, pero el Estado mexicano tendrá que asumir su responsabilidad, señaló el ex sacerdote católico.

Athié –quien forma parte de un grupo de siete ex aspirantes a la dirección de la CNDH que interpuso amparos contra la asunción de Piedra– consideró que el órgano no podrá funcionar adecuadamente si la nueva ombudsperson se empeña en ejercer su cargo, a pesar del rechazo que ha generado su nombramiento y su cercanía con el Presidente.

▲ El ex sacerdote católico Alberto Athié, en imagen de archivo.Foto Carlos Ramos Mamahua

“Si la señora no hubiera asumido, le diría que estamos con ella, pero se trató de una imposición. Sería mejor decir ‘si no quedo, no quedo, pero quien sí, que lo haga legal y legítimamente’, por eso vamos a darle seguimiento a su administración, con un monitoreo constante de todas sus acciones”, dijo.

El activista antipederastia clerical lamentó los ataques en su contra por López Obrador –quien descalificó su trabajo, aunque al mismo tiempo admitió que no lo conocía–, y afirmó que más allá de que el mandatario no sepa de él personalmente, lo grave es que no conozca de diversos temas de derechos humanos ni respete a los organismos autónomos.

Si la 4T implica acabar con espacios autonómicos, veamos qué podemos hacer desde la sociedad civil. ¿Dónde está la justificación de terminar con espacios de autonomía legítima? No la hay, a menos que la tendencia sea agregarse al autoritarismo y buscar un modelo hegemónico de control político, alertó.