Hace casi tres años, el joven Carmelo Valentín Quevedo y siete personas más, originarias de Cuau­tla, Morelos, desaparecieron en Guerrero cuando se dirigían a una festividad popular. Aunque el caso ha pasado por manos de los gobiernos de ambas entidades y por las de la Fiscalía General de la República (FGR), sigue sin efectuarse ninguna acción para dar con las víctimas, señaló la madre de Carmelo, Laura Quevedo.

En entrevista, la mujer explicó que su hijo, quien es jinete de toros de reparo, salió de su casa el 17 de febrero de 2017, hacia la comunidad de Lindavista, en el municipio guerrerense de San Miguel Totolapan. Con el muchacho, viajaban otros tres jinetes activos y dos retirados, además de un matrimonio, dueño de la camioneta en la que se transportaban.

Al perder contacto con Carmelo, y luego de que alguien cercano a las víctimas admitió más de tres días después que no habían llegado a su destino, Laura Quevedo denunció el caso ante las fiscalías de Guerrero y Morelos, donde se inició una carpeta por secuestro, pues la mujer recibió mensajes pidiendo rescate por su hijo.

Aunque a decir de Quevedo nunca se emprendieron acciones reales para buscar a los desaparecidos, y ni siquiera le tomaban la llamada a las familias de las mismas, las autoridades de Guerrero afirmaron a los medios que el caso estaba prácticamente resuelto.

El fiscal de ese tiempo, Xavier Olea, dijo que los tenía el grupo de Los Tequileros; después, que los tenían Los Rojos y que ya había 80 por ciento de avance en la investigación y que ya les habían entregado los cuerpos a las familias, pero quién sabe a quién, porque a nosotros, ni la llamada nos recibió. Todo eso se lo dijo a la prensa, pero no era verdad, denunció.

Ante la falta de acción oficial, Quevedo indagó por su cuenta y descubrió que la zona donde perdió la comunicación telefónica con su hijo está entre las comunidades de Chichihualco y Xochipala, considerada foco rojo donde ningún cuerpo de seguridad entra.

Pese a no estar satisfecha con la FGR, Quevedo solicitó a dicho organismo que acelere la búsqueda de su hijo Carmelo y atraiga al menos 20 carpetas de investigación de casos de desaparición ocurridos en diversos estados –entre ellos los de México, Hidalgo y Veracruz–, pues las fiscalías de dichas entidades están en complicidad con los grupos del crimen organizado y no hacen nada por buscar a sus seres queridos.