l fantasma de un golpe de Estado es la excusa para firmar un acuerdo bajo el pomposo enunciado: Por la paz y una nueva constitución. Desbordados por la explosión social, la firma garantiza la continuidad del orden neoliberal, con nuevo etiquetado. Chile Vamos, nicho del pinochetismo, junto a socialistas, democristianos, Revolución Democrática y Convergencia Social; 14 partidos se coaligan. Su objetivo, romper el espinazo de las movilizaciones que han creado estructuras, débiles pero capaces de cuestionar el orden. De ellas han surgido cabildos abiertos y una organización en ciernes para enfrentar el poder constituido. Estudiantes, jubilados, profesionales, trabajadores, sectores medios, feministas, el pueblo mapuche participan propuestas para llamar a una asamblea constituyente. Un hartazgo a tanta injusticia social, corrupción y sordera de una élite política que por décadas ha levantado un modelo concentrador y excluyente, justificando la desigualdad con el argumento de responder a una distribución equitativa acorde a las leyes del mercado.

Las manifestaciones han continuado pese al pacto y la represión. Los movimientos sociales han decidido resistir y mantener las reivindicaciones por una asamblea constituyente que ponga fin al ciclo neoliberal. Así, lo atestigua la encuesta de la Universidad de Chile, donde 55.3 por ciento dice participar de alguna forma de protesta; 87.8 por ciento cree que los cambios de gabinete no solucionan los problemas actuales; otro 80.3 por ciento considera necesario redactar otra constitución, y más de 90 por ciento pide una reforma al sistema de pensiones, salud, educación y mercado laboral. El sondeo desnuda el descrédito de los partidos y la desconfianza hacia las instituciones políticas. Así, el presidente recibe sólo 2.8 de confianza entre un máximo de 10 y un mínimo de uno. Los ministros, 2.6; parlamentarios 2.5 y partidos 2.4.

El miedo sacude al poder. El gobierno, con aval de gran parte de la oposición, salvo el Partido Comunista y Humanista, opta por la violencia como arma política, recordando los peores días de la dictadura. Gobierno y oposición presentan las movilizaciones como parte de un engranaje en manos de delincuentes que asaltan supermercados, rechazan el diálogo, siembran caos y violan la propiedad privada. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, declara el 13 de noviembre: Sólo quedan uno o dos días para encontrar un acuerdo que ponga fin al levantamiento popular, y el gobierno amenaza con decretar el estado de sitio, agitando la bandera de un ruido de sables. Manuel Cabieses, director de Punto Final, señala: “El rumor del peligro golpista –real o supuesto– surgió cuando el presidente de Renovación Nacional sentenció que sólo quedaban uno o dos días para pacificar el país. Se estima que este ex teniente de carabineros y ex funcionario de la Gendarmería mantiene una relación privilegiada con las instituciones armadas. La maniobra, en todo caso, permitió a los desprestigiados partidos recuperar protagonismo. Lo hizo mediante la suplantación de identidades. Las masas populares y las organizaciones sociales –que tuvieron fugaz aparición con la mesa de Unidad Social– fueron suplantadas por partidos situados en el peldaño más bajo de la estima ciudadana. Horas después del pacto gobierno-oposición, el pueblo salió otra vez a las calles reiterando sus demandas democráticas y fue reprimido con extrema dureza”. Gobierno y oposición, al borde de un ataque de nervios, firman el documento Por la paz y una nueva constitución. Sus promotores dicen recoger las reivindicaciones ciudadanas, llaman a la desmovilización, esgrimiendo la paz como escenario para convocar a un plebiscito sobre la reforma constitucional en abril de 2020. La traición se ha consumado.

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso militante de Convergencia Social y otros 72 correligionarios, presentan su renuncia: “El acuerdo de paz social, y una nueva constitución, firmado por partidos políticos, es contrario, en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en la calle. Su construcción se realizó por un conjunto de directivas partidarias y parlamentarios que no representan la voluntad mayoritaria de la movilización, excluyendo, en definitiva a ese Chile que despertó. […] Las decisiones tomadas por las instancias superiores del partido nos indican que éste no constituye el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual. Es por ello que a través de esta carta comunicamos nuestra renuncia a Convergencia Social”.

El rechazo a las demandas de una asamblea constituyente con delegados electos desde abajo y las propuestas de los cabildos abiertos, serán desestimados. Primero por la imposibilidad de ser elegidos bajo la actual ley electoral y en segundo lugar, esgrimiendo el ruido de sables que acompañará todo el proceso. Así, la espada de Damocles de las fuerzas armadas pende sobre la cabeza de los chilenos, verdaderos cancerberos del orden neoliberal. Sin embargo, los grandes cambios sociales no se detienen ni con la ignominia ni con la traición. Así lo hizo ver el presidente Allende en su último discurso: “El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse […]. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. […] Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor”.