Río de Janeiro. A principios de noviembre, funcionarios de la Funai (Fundación Nacional del Indio), encargada de la política de protección a los indígenas brasileños, divulgó una carta abierta alertando sobre los riesgos de parálisis en la atención a los llamados indios aislados, o sea, los que tienen escaso contacto con los vecinos y optaron por aislarse del mundo exterior y volver a su región de origen.

En ese documento denunciaban la falta crónica de recursos humanos para cumplir con su misión, además de recortes o retenciones prolongadas del presupuesto.

Al mismo tiempo, alertaban sobre la escalada de violencia y las invasiones, principalmente, aunque no sólo en regiones bajo protección ambiental e indigenista. La Funai mantiene, o mantenía, 19 bases de protección en áreas de muy difícil acceso, pero amenazadas por invasores, en especial madereros, mineros y cazadores ilegales.

A los pocos días, la justicia del estado de Amazonas determinó que la Unión actuara de inmediato, propiciando respaldo operacional a los funcionarios de la Funai, con el envío de fuerzas armadas.

La decisión no tuvo ningún resultado, y el jueves 21 los funcionarios de la Funai abandonaron a los indios aislados del área conocida como Tierra Indígena del Valle del Javari, en el extremo oeste del estado de Amazonas. El último funcionario salió al amanecer de aquel día, luego de varios ataques con disparos contra la base, que era la principal de la región, una de las mejor preservadas y remotas de Brasil.

Desde diciembre del año pasado, en vísperas de la ceremonia de toma de protesta del entonces presidente electo Jair Bolsonaro, los ataques tanto a reservas indígenas como a la floresta amazónica se multiplicaron. Las acciones de mineros ilegales contaminan ríos y arroyos, los madereros tumban árboles de madera noble y la caza ilegal de animales silvestres se expandió. En su campaña electoral, el neofascista Bolsonaro se dedicó a criticar de manera reiterada lo que clasificó de industria de la multa, en referencia a las penalidades aplicadas a la extracción ilegal de madera, y a lo que considera un exceso de áreas dedicadas a reservas indígenas.

Una vez asumida la presidencia, su gobierno hizo un fuerte recorte al presupuesto destinado tanto a la Funai como a las instituciones dedicadas a proteger el medioambiente.

Antropólogos y funcionarios de la Funai advierten que los indios considerados aislados son en extremo vulnerables, incluso a enfermedades transmitidas por invasores, contra las cuales no tienen ningún tipo de anticuerpos. Sus tierras son ricas en minerales y madera.

El pasado julio asumió la presidencia de la Funai Marcelo Xavier da Silva, comisario de la Policía Federal. Ingresó a la institución en 2008, cuando presentó su segundo examen (en el primero fue rechazado en la evaluación sicológica, por ser considerado con excesivas tendencias a adoptar actitudes agresivas). Cuenta con el respaldo de la llamada bancada rural en el Congreso, formada por diputados y senadores que actúan siempre en defensa de los intereses de grandes productores agrícolas.

Ese núcleo de integrantes del Congreso tiene como uno de sus blancos de acción presionar por cambios en la legislación ambiental y de protección a los indígenas.

Xavier da Silva es un ardoroso defensor de la explotación minera en reservas indígenas. El presidente Bolsonaro, a su vez, anunció que el gobierno estudia proponer cambios en la actual legislación para permitir que se exporte madera proveniente de toda la región amazónica. El próximo proyecto será precisamente sobre la explotación minera.

Este año la cifra de incendios criminales en la selva amazónica, y las invasiones, se multiplicaron.

Ane Alencar, directora del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, por sus siglas en portugués), al cuestionar datos oficiales y denunciar la supuesta industria de la multa, aseguró que el gobierno ultraderechista no hace más que incentivar las acciones criminales en la región. Antropólogos lanzan de manera continua alarmas para indicar el creciente riesgo que amenaza no sólo a las tribus aisladas, sino a todo el medio ambiente que supuestamente estaría bajo protección legal.