Nueva York. El abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, quien está al centro de la investigación que podría desembocar en un juicio político de su jefe, fue vinculado ayer no sólo con socios de Ucrania acusados de actos corruptos, sino también con un multimillonario venezolano bajo investigación en Miami por lavado de dinero.

A la vez, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció que su primera audiencia pública sobre el proceso de evaluación de evidencia para formular cargos que ameriten la destitución del presidente, se llevará a cabo el 4 de diciembre.

El florero de corrupción alrededor de la Casa Blanca se amplió con revelaciones del Washington Post que indican que cuando Giuliani viajó a Madrid, en agosto pasado, para encontrarse con un asesor del presidente ucranio y presionar a ese gobierno para investigar a los demócratas con el fin de favorecer a Trump en las elecciones de 2020, también estaba haciendo una tarea para otro cliente, el multimillonario venezolano Alejandro Betancourt López, en cuya mansión en España se alojó (junto con sus socios ucranio-estadunidenses, quienes aparentemente estaban interesados en hacer negocios en Venezuela).

El venezolano había contratado a Giuliani para ayudarlo en una investigación en su contra del Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y soborno.

Mientras, en la Casa Blanca, Trump bromeó sobre el proceso de impeachment al participar en la rara tradición presidencial anual de perdonar la vida de un par de pavos antes del Día de Acción de Gracias que se festejara este jueves, y comentó que las aves ya habían sido convocadas por el jefe del Comité de Inteligencia para testificar. Al igual que los pavos, Trump y sus estrategas y aliados siguen convencidos de que el Senado, bajo control republicano, le perdonará la vida en caso de que, como se espera, enfrente un juicio político.

El Comité Judicial de la cámara baja se prepara para asumir la responsabilidad del proceso de impeachment, programando su primera audiencia en la cual expertos legales reconocidos se enfocarán en definir las bases constitucionales para la evaluación y formulación de cargos.

Ahí se evaluará si proceder a formular cargos que ameriten la destitución del presidente –conocidos como artículos de impeachment– que serán sujetos a votación del pleno de la cámara baja y, si son aprobados, enviados al Senado para presentarse en el juicio político contra el presidente.

El demócrata Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial, envió una carta a la Casa Blanca invitando al presidente y/o sus representantes a participar en la audiencias, como fue establecido en las reglas aprobadas por la cámara baja.

Aunque Trump ha comentando que le gustaría testificar junto con varios integrantes de su gabinete, ayer argumentó de nuevo que no lo ha permitido por considerar el proceso como un ataque contra la presidencia misma, y que tiene que defender el puesto para futuros mandatarios.

Sin embargo, un juez federal acaba de desechar los argumentos de la Casa Blanca, de que sus altos funcionarios gozan de inmunidad absoluta, al declarar en su fallo que los presidentes no son reyes y ordenar que el ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn debe cumplir con la orden de comparecer ante el Congreso. Sin embargo, el Departamento de Justicia ya apeló de la decisión.

Por ahora, los demócratas están evaluando los cargos relacionados con el abuso de poder y obstrucción de la justicia para formular acusaciones y someterlas a votación ante el pleno de la cámara baja antes de Navidad y con ello, si son aprobados, enviarlos al Senado para empezar un probable juicio político a principios de enero.

La encuesta más reciente de Reuters/Ipsos, difundida ayer, registra que 47 por ciento de la opinión pública favorece el impeachment, por 40 por ciento que lo rechaza.