uenos Aires. En el clímax del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura cívico-eclesiástica-militar (1976-83), el educador y abogado Emilio Mignone (1922-98) alentaba a las desorientadas madres, abuelas y familiares de ciudadanos desaparecidos: “Presente el hábeas corpus. Preséntelo en la semana siguiente, en la otra y en la otra... Aunque no se investiguen en este momento, las pruebas quedan y hay que dejar todas las huellas posibles en la justicia”.

Palabras que sonaban a misión imposible, ya que el miedo reinante paralizaba y parecía convalidar las de George Orwell en su novela 1984: Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano.

Contra viento y marea, las madres y abuelas (junto con el propio Mignone) consiguieron romper el maleficio orwelliano. Y con temerario coraje perdieron el miedo, protagonizando uno de los capítulos más impresionantes en la lucha mundial por los derechos humanos.

En comparación con otros similares, el drama argentino fue paradigmático. Los primeros registros de desaparecidos databan del gobierno constitucional de Isabel Martínez (1974-76), cuando sólo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) llevaba la cuenta de los casos.

Tras el derrocamiento de la viuda de Perón (marzo de 1976), las puertas de los cuarteles, iglesias católicas y de la justicia se cerraron, mientras en el espacio internacional los familiares descubrían que sus denuncias también caían en saco roto. Y es que por razones económicas y geopolíticas, la ex Unión Soviética y los llamados países socialistas habían optado por respaldar a la dictadura.

En consecuencia, el Partido Comunista (PC) y una facción del Socialista brindaron el apoyo crítico a la junta militar liderada por el general Jorge Rafael Videla. Quien a juicio del PC, representaba a la “tendencia ‘antipinochetista’ de las Fuerzas Armadas” (sic). Pero sería en las páginas del ultraconservador, eternamente golpista y centenario diario La Nación, donde a finales de 1977, paradójicamente, apareció un anuncio pagado con la primera lista de nombres que exhibía el alcance de la desaparición de personas.

Hacia 1978, las denuncias ascendían a 4 mil. Y fueron esas listas, según dijo Mignone años después, las que impidieron que el gobierno militar no pudiera decir que no había desaparecidos.

Las nóminas fueron el primer paso del método elegido por Mignone: “Dejar escrito lo que ocurría en papeles capaces de empezar a recorrer el áspero camino que podía llevar a la justicia; acopiar nombres propios y circunstancias, atravesar pasillos, mostradores, ventanillas, indiferencias… y dejarlos tallados en la burocracia estatal y la judicial, hasta que algún funcionario moviera el expediente de un cajón a otro, volviendo a empezar una y otra vez”.

En septiembre de 1979, el trabajo de Mignone y un grupo de calificados exponentes de la cultura, la ciencia y la educación que habían perdido a sus hijos (Augusto Conte, Boris Pasik, Carmen Lapacó, Alfredo Galletti. Angélica Sosa, José Federico Westerkamp, Noemí Labrune), logró la histórica visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH recabó centenares de denuncias por plagio, torturas, homicidios, permitiendo que el informe resultante (1980), confirmara e hiciera públicos los crímenes de la dictadura. Fue una suerte de principio del final del terror, y punto de arranque que obligó a los medios a terminar con la ficción de los enfrentamientos.

Tres meses después, Mignone y las personalidades referidas fundaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad orientada a la promoción y defensa de los derechos humanos.

Luego, entre 1980 y 90 el trabajo jurídico del CELS fue la base para buscar verdad y justicia, hasta llegar a la histórica sentencia del juicio a los militares, así como las nuevas estrategias para afrontar la frustración deparada por las leyes de obediencia debida, punto final e indultos, decretados en los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

A 40 años de su fundación, el CELS se ha convertido en referente mundial en la lucha por la defensa integral de los derechos humanos, abarcando un amplio campo de investigaciones: situación de los presos en comisarías y penales, tortura y atropellos, desalojo de familias que ocupan tierras, seguimiento a los juicios por lesa humanidad, pacientes en centros de salud mental, muertes ocasionadas por el gatillo fácil de la policía, y un largo etcétera.

Presidido desde 2000 por Horacio Verbitski (el periodista más respetado de Argentina), el CELS está integrado por 65 investigadores que, según su actual director ejecutivo, el sociólogo Gastón Chillier, se han propuesto plantear un diálogo con la juventud, y con los que no van a leer un informe de 400 páginas ni van a estar atentos a un caso judicial, pero tienen energía, memoria y sensibilidad social.