Una década después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición ­forzada del luchador social Rosendo Radilla, dicho fallo no se ha llevado a la práctica y no se han efectuado búsquedas efectivas para encontrar los restos del activista.

Así lo afirmaron los asistentes al foro A 10 años de la sentencia de la CIDH por la desaparición de Rosendo Radilla, quienes lamentaron que los sucesivos gobiernos del país han obstaculizado las indagatorias sobre este caso.

Tita Radilla, hija del líder social desaparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974, destacó que a pesar de la sentencia de la justicia interamericana por el caso de su padre y de que la familia del luchador social nunca ha renunciado a encontrarlo, no se ha podido obligar al Estado mexicano a realizar una investigación efectiva sobre el caso.

Compromiso oficial

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, admitió que el gobierno del país no ha hecho lo suficiente para buscar a Radilla Pacheco, por lo que se comprometió a que la administración de Andrés Manuel López Obrador avanzará en dicha tarea.

La resolución de la CIDH sobre el tema tuvo implicaciones muy importantes que han traído cambios significativos en el marco legislativo e institucional, pero lamentablemente todavía tenemos muchos pendientes para solucionar el caso de Rosendo Radilla y el de otras víctimas de desaparición de décadas anteriores, reconoció.

Por su parte, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, recordó que una muestra del carácter fallido de las indagatorias sobre el paradero de Radilla es que hasta el momento se han realizado seis excavaciones en busca de sus restos, pero sin resultado alguno.

Lo anterior se explica, dijo, porque el Ejército sigue siendo intocable, y para que esta situación cambie, es necesario que el actual gobierno asigne recursos suficientes para garantizar el derecho de la familia del luchador social a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.