mnistía Internacional publicó ayer su informe México: cuando las palabras no bastan. Situación de los derechos humanos a un año de gobierno, en el cual el organismo repasa los grandes pendientes de la actual administración federal en la materia.

Aunque reconoce los avances observados en temas como el de las personas desaparecidas, el documento se enfoca en señalar asuntos que sin duda resultan preocupantes, como la continuación e incluso el repunte de la violencia que padece el conjunto de la sociedad, pero que se ceba de manera particularmente alarmante en contra de colectivos como las mujeres y los migrantes.

Asimismo, da cuenta de las inadmisibles cifras alcanzadas por los ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas, ante las cuales resultan a todas luces insuficientes las medidas de protección establecidas por el gobierno.

Otro señalamiento central del informe es el que toca a la puesta en marcha de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de pacificación del país, pues considera que el funcionamiento de dicha corporación no se aleja de manera sustancial de la lógica altamente militarizada de combate a la delincuencia articulada por los antecesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto supone un riesgo potencial de violaciones a las garantías constitucionales. A fin de conjurar dicho riesgo, Amnistía Internacional recomienda desmilitarizar la Guardia Nacional, medida que, debe recordarse, se encuentra contemplada en las mismas leyes que dieron origen a la corporación.

Por otra parte, el balance presentado se hace eco de discusiones que se insertan en el debate público iniciado a raíz de lo que el mandatario ha denominado el fin del ciclo neoliberal en México. A dicho debate pertenecen, por ejemplo, la encendida polémica en torno al lugar y la influencia de las denominadas organizaciones de la sociedad civil; así como la inédita relación entre el gobierno federal, por un lado, y los medios de comunicación y los periodistas, por otro. En este último aspecto, resulta discutible la afirmación según la cual el diálogo directo establecido con los representantes de la prensa ha creado un ambiente hostil en contra de los informadores.

Sin embargo, junto a los hechos incontestables y a las afirmaciones debatibles, la organización multinacional sostiene posturas carentes de sustento.

Es desconcertante, por ejemplo, que llame la atención sobre acciones del Estado que pondrían en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica al estudiar un año caracterizado por la ausencia de incidentes represivos en contra de las expresiones públicas de malestar social dirigidas en contra del gobierno o de otras entidades institucionales, políticas o económicas.

Dicho lo anterior, y más allá de los méritos y falencias del reporte elaborado por Amnistía Internacional, está claro que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben analizar el documento y atender las situaciones en que los derechos humanos sean violentados o se encuentren en riesgo de serlo, y no pocos de los señalamientos publicados ayer pueden servir de punto de partida para ese propósito.