Despidos masivos en el Servicio de Administración Tributaria fueron la primera denuncia recurrente en diciembre de 2018. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no tenía más de un mes y una de las imágenes recurrentes en ese tramo fue la de ceses grupales de trabajadores operativos.

A ello, durante el año, se sumaron denuncias en más de 17 dependencias, entre ellas Comunicaciones y Transportes, Economía y Notimex, así como la zozobra en ProMéxico. Entre renuncias voluntarias, obligadas y despidos llanos no hay datos concluyentes a la fecha.

Se exageró un poquito en las cifras sobre despidos, dijo Carlos Urzúa, casi un mes antes de dejar el cargo, en ese entonces secretario de Hacienda.

Los datos comparables más recientes entre esa dependencia y la Secretaría de la Función Pública (SFP) son a julio. La primera admitió que se habían eliminado 8 mil 353 plazas en toda la administración pública. La segunda, que 11 mil 144 funcionarios entregaron sus cartas de renuncias. Ello, sin exhibir las condiciones en que se dieron las firmas.

Pagaron justos por pecadores, resumió López Obrador a casi un año de cumplir su primer aniversario al frente de la administración federal. Aceptó que altos mandos salen a flote tomando los empleos de sus subalternos, en orden de mantener los privilegios. A ello, indicó el Presidente, se ha sumado la incapacidad de la Secretaría de la Función Pública para frenar contrataciones erradicadas con la Ley de Austeridad.

El saldo es que purga y éxodo –como de personal técnico especializado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México– no han terminado. Habrá otra sacudida, otra zarandeada, otra zamarreada, a la mata, anunció el mandatario.

De acuerdo con los analísticos de provisiones salariales y remuneraciones para 2020, hay al menos 10 mil plazas menos en la administración central, cifra comparable con lo reportado por el gobierno. Pese a ello, el programa salarial se elevó mil 690 pesos para 2020.

A la par, los recursos financieros con que cuenta el gobierno para pagar los derechos laborales del personal que sea despedido equivalen a mil millones de pesos, igual a lo que dispuso el año pasado. Bajo el Programa de Separación Laboral sólo se contempla a los servidores públicos que hayan entrado por concurso y a quienes hayan pedido su dimisión.

En el otro rubro aún existen direcciones generales adjuntas. Un memorando firmado por el Presidente fijaba junio de plazo para eliminar dichas plazas, creadas injustificadamente desde el gobierno de Felipe Calderón. En julio había 465 –sólo en las secretarías de Estado, que son menos de una décima parte los 297 entes que componen la administración pública federal.

La SFP ha reportado que al eliminar 655 plazas de ese tipo se ahorró mil millones de pesos. Eso lo dijo el 18 de noviembre la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval. Diez días después, la Secretaría de Economía estrenó una nueva estructura orgánica con el incremento de 27 a 45 direcciones generales, entre ellas 10 generales adjuntas.

Fuera del Ejecutivo, la austeridad republicana también ve resistencias en la reducción de los salarios. El decreto para que ningún servidor público gane más que el Presidente no es atendido por algunos órganos autónomos.