Durante el primer año de mandato de Andrés Manuel López Obrador la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el desarrollo de la Guardia Nacional han constituido los puntos principales para la reconstrucción del sistema de seguridad en el país.

Sin embargo, entre los retos está la captación y entrenamiento de más de 70 mil aspirantes a guardias, además de la transferencia de agentes de la Policía Federal a la nueva corporación para disminuir los índices de violencia y de homicidios dolosos, ya que miles de ellos altamente capacitados en investigación de gabinete y campo, así como en operaciones de alto impacto, no han concluido su proceso de adscripción, reconocen integrantes del gabinete de seguridad.

En cuanto a la SSPC, su creación también constituyó la reorganización institucional, ya que se traspasaron instancias que en la administración anterior estaban bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, como el Centro Nacional de Inteligencia –antes Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional–, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (encargado de prisiones federales), los organismos de Protección Civil, Prevención de Desastres, y la Coordinación Nacional Antisecuestros, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Instituciones insuficientes

En octubre pasado, ante funcionarios de Estados Unidos, el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, señaló: Fue necesario rediseñar las instituciones de seguridad porque las que tenemos eran insuficientes, un cuerpo de seguridad corrupto (la Policía Federal) no le daba capacidad al Estado para hacer eficaz el combate a la inseguridad.

Resaltó que los cambios al marco constitucional para crear la Guardia Nacional, así como la modificación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, van a permitir reducir los altísimos niveles de impunidad que había en nuestro país.

En ese encuentro, realizado el 3 de octubre, el funcionario reconoció que el problema del tráfico de armas agrava la violencia, porque cada día se fortalece la capacidad de fuego de las organizaciones criminales del país, particularmente las dedicadas al narcotráfico, y por acuerdos internacionales el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tienen limitados los calibres que les es permitido utilizar en zonas urbanas y zonas rurales, restricción que por supuesto no tiene el crimen organizado. Consecuentemente, el crimen organizado tiene mayor capacidad de fuego que las fuerzas federales; es una auténtica tragedia, porque ellos disparan con equipos pues que los ponen en desventaja, no me detengo en eso.

En ese contexto, mandos de la SSPC indican que alrededor de 5 mil agentes siguen inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional e intentan ser considerados en el programa de retiro voluntario, obteniendo así un beneficio económico que según los elementos no tendrán al incorporarse a la nueva policía, la cual, al mes pasado, contaba con 70 mil integrantes distribuidos en todo el país, y que van de los 520, como es el caso de Aguascalientes –entidad con el menor número–, hasta los 8 mil 472 en el Estado de México (con la mayor cifra de agentes).

A un año de gobierno, según estadísticas oficiales, el robo de combustible –tomado como un ilícito de gran impacto en los ámbitos económico, social y de seguridad– ha disminuido de 40 mil a 4 mil barriles diarios, gracias al cambio de estrategia.

En cuanto a homicidios dolosos, este es el año en que se ha registrado el mayor número de víctimas, ya que al cierre de octubre se contabilizaron 29 mil 574 casos en el país.