La violencia sexual contra niñas y mujeres es de las más graves porque, en algunos casos, llega hasta el feminicidio, además de que ataca la dignidad, la seguridad y la libertad, afirmó la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.

Al reinaugurar la Agencia 2 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales en Álvaro Obregón, ratificó el compromiso de la Procuraduría General de Justicia capitalina para que se garantice la atención comprensiva y sensible, pero también (para) que se haga una investigación científica y diligente.

Minutos después de que la joven Laura Karen reapareció, reiteró que a la institución que encabeza y a su personal nos toca atender la violencia sexual y sus efectos, realizar las investigaciones con la debida diligencia con los estándares nacionales e internacionales que han marcado organismos en la materia.

Desde las oficinas remodeladas, cuyos trabajos seguían momentos antes de que Godoy llegara a las instalaciones, ubicadas en avenida Toluca esquina con avenida México, colonia Progreso Tizapán, pidió a los trabajadores comprometerse con su labor a fin de que las mujeres se sientan protegidas y arropadas por la institución.

En otro tema, el Gobierno de la Ciudad de México se congratuló de que el Congreso local haya aprobado la llamada Ley Olimpia que castiga la violencia digital, al señalar que se trata de una conducta que está creciendo no sólo en la capital, sino en todo el país, y es importante que se sepa que es un delito.

Por otra parte, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la aprobación de la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México por el Congreso capitalino, y destacó que la mencionada norma eleva los estándares de protección establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, así como del Sistema Nacional de Búsqueda, al ser la primera legislación a nivel estatal que elimina la categoría de Persona No Localizada.

Con lo anterior, dijo la ONU-DH, quedan reafirmadas las obligaciones de búsqueda e investigación inmediatas con independencia de si los hechos están vinculados o no a la comisión de un delito. Así, en la Ciudad de México se considerará como persona desaparecida a aquella cuyo paradero y/o ubicación se desconoce.