Mercado negro de tarjetas // ¿Indolencia?
a empresa Spirtec, de origen francés, lo advirtió al secretario Lajous. La bomba iba a explotar, pero nadie hizo caso; hoy el mercado negro de tarjetas de acceso al sistema de transporte público de la ciudad se ha convertido en un monstruo difícil de controlar.
Las tarjetas recargadas se pueden adquirir casi en cualquier parte, lo mismo por las redes sociales que en pequeños locales comerciales, y hasta las venden algunos particulares. Hoy han inundado el sistema.
La autoridades saben del fenómeno fraudulento, pero no han podido, o no han querido controlarlo, por más que día con día ven cómo aumentan las pérdidas para el sistema. No se sabe con exactitud cuántas tarjetas están en circulación. Se habla de que podrían ser muchos miles, y de ese tamaño serían las cantidades que deja de recibir el gobierno y las empresas que ofrecen servicios de transporte público en la ciudad.
El modus operandi tiene que ver, por decirlo de la mejor manera, con el descuido de las autoridades. Quienes saben de este asunto advierten que el gobierno no tiene un solo proveedor. Compra a diferentes empresas las máquinas que validan las tarjetas. Esa situación hace difícil la identificación de las máquinas que recargan las tarjetas.
A la fecha, al parecer, no existe un registro que hable de las máquinas en uso y las que, por cualquier motivo, son desechadas. Muchas de las que han sido retiradas permanecen abandonadas en algunas oficinas o almacenes de las líneas de transporte, pero otras han sido adquiridas, de diferentes formas, por gente que las pone al corriente y les sirven para la recarga.
Al inicio de esta semana, en esta misma sección se dio cuenta del asunto, de cómo la venta de las tarjetas recargadas se había expandido por todos lados a ciencia y paciencia de las autoridades –la Secretaría de Movilidad, el Metro, el Metrobús y hasta las bicicletas–, que han cerrado los ojos ante este ya no tan nuevo fraude que ha puesto el dedo en una forma más de golpear a las finanzas públicas.
Y no sólo han cerrado los ojos, también se han quedado mudos; no hay declaraciones al respecto. Parece que ya se piensa en alguna medida para tratar de frenar el fraude, pero por lo pronto la impunidad viaja muy, pero muy cómoda en las calles de la capital de México.
De pasadita
El próximo viernes, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, rendirá su primer informe de labores, y a decir verdad esta será una prueba dura para el magistrado.
Desde todas partes se espera que Guerra Álvarez muestre la radiografía de la corrupción entre los jueces que dependen de su presidencia, ocultar el fenómeno no haría bien a nadie, y para él sería una estocada de muerte.
El comportamiento corrupto del sistema de justicia que alcanza casi a todos sus miembros se hizo más evidente, si así pudiéramos decirlo, por redundante que parezca, con el crimen en contra de Abril Cecilia Pérez, pero como ya lo hemos expresado antes, la injusticia va para todos lados y esto no puede soslayarlo quien preside el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Ocultar la situación, como ya explicamos, también mandaría un mensaje equivocado a quien gobierna desde Palacio Nacional, porque nos llevaría a la conclusión de que la 4T no podrá darse en este sistema, así que lo que informe el magistrado habrá de servir para saber si la transformación va en serio o si para que todo siga igual, hay que aparentar que todo cambia. Ya veremos.
