Aunque a escala federal se ha avanzado en los trámites para la entrega de recursos a las universidades públicas en crisis financiera, con la finalidad de que puedan cerrar el año con el pago de nómina y prestaciones a sus trabajadores, han sido los gobiernos estatales los que han retrasado la firma de los convenios.

De acuerdo con el nuevo esquema de apoyo extraordinario, denominado par y par, el gobierno federal se ha comprometido a entregar la cantidad de recursos que estén dispuestas las autoridades locales a aportar a sus respectivas casas de estudio, es decir, de manera paritaria.

Los gobiernos de Morelos, Sinaloa y Michoacán –cuatro de las nueve universidades en crisis– notificaron su disposición y cantidades que aportarán, por lo que en los próximos días estaría firmándose los convenios correspondientes, según revelaron autoridades ligadas a las negociaciones.

De acuerdo con un diagnóstico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), para este año el déficit acumulado de las nueve universidades públicas estatales con serios problemas financieros llegará a 16 mil 677 millones de pesos –incluidos los pasivos históricos– y requieren al menos 5 mil millones de pesos adicionales al presupuesto autorizado para 2019, tan sólo para pagar la nómina del personal docente y administrativo.

Desde hace meses, la SEP –apoyada por la Anuies y las universidades públicas estatales en crisis– trabaja en la gestión de al menos 2 mil 500 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda.

Tan sólo la Universidad Autónoma de Sinaloa –la tercera más grande en matrícula, con más de 166 estudiantes– requiere más de 500 millones de pesos para cumplir con pago de aguinaldos y la nómina de diciembre. El año pasado, el gobierno estatal le otorgó un crédito por 150 millones de pesos para cerrar el año.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, adelantó que recibirá un apoyo extraordinario para cumplir con el pago de salarios y prestaciones de fin de año, a través de un convenio entre la Subsecretaría de Educación Superior y el gobierno del estado, donde la casa de estudios se compromete a continuar con una política de austeridad.