AMLO propone reformas al 4º Constitucional // Una visión crítica
a Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó este 26 de noviembre una iniciativa de reformas al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que añade una frase al párrafo 4º, referido a salud, y adiciona tres párrafos: uno, referido al apoyo económico para población discapacitada; dos, para otorgar una pensión no contributiva a las personas adultas mayores; y tres, referido a un sistema de becas para estudiantes pertenecientes a familias pobres. Como se ve, se trata de darle rango constitucional a cuatro programas sociales que el gobierno de AMLO ya viene operando. En el caso de salud, incluso, ya se reformó la Ley General de Salud, (se publicó el 29 de noviembre) que desaparece el Seguro Popular y crea, en su lugar, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La materia de salud requiere un análisis más detallado; hoy me referiré sólo a los otros párrafos. Empiezo por el de educación:
“El Estado, conforme a la disponibilidad de recursos, deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación.”
Destaco tres puntos: 1) La palabra pobreza aparece una única vez en la CPEUM, en la fracción C del artículo 26 que le da autonomía al Coneval. Pobreza no se había usado, en la CPEUM, para discriminar entre quienes serán y quienes no serán atendidos. 2) Al igual que en el párrafo referido a las personas con discapacidad, en este no se usa la palabra derecho y tampoco se habla de garantizar. 3) La restricción, conforme a la disponibilidad de recursos
, es inédita en el artículo 4º de la CPEUM. No es lo correcto condicionar un derecho a la disponibilidad de recursos. El mensaje del párrafo es que se instaura un sistema focalizado a las familias en pobreza, pero no se garantiza que los recursos disponibles alcancen para todas. En el primer aspecto, es similar al párrafo referido a las personas con discapacidad:
“El Estado garantizará el goce de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos y condiciones que fije la ley. Para el goce de esta prestación tendrán prioridad los mexicanos menores de 18 años, los indígenas hasta la edad de 64 años y la población mexicana que se encuentren (sic) en condición de pobreza.”
Nótese que la focalización aquí es menos tajante (los excluidos no lo son del todo, sólo no son prioritarios) que en el caso de las becas, donde los programas focalizados a la pobreza, el sello de la política social neoliberal, se convierte ahora en norma constitucional. Aquí se introduce dos veces el calificativo mexicano, introduciendo otra discriminación, ahora en función de la nacionalidad, lo cual contradice la primera frase de la CPEUM: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos...” Aunque este párrafo no incluye el estribillo según la disponibilidad de recursos
, discrimina a todos las personas adultas sin discapacidad permanente (con discapacidades reversibles) o que no sean indígenas o mexicanas. El corte de edad no tiene racionalidad alguna. La única que se me ocurre es que a AMLO no le alcanzan los recursos para dar apoyo económico a todas las personas adultas con discapacidad. ¿Al cumplir 18 años las personas discapacitadas ya no necesitan apoyo económico? Sobre las personas adultas mayores, el párrafo propuesto dice:
“Las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones que fija la Ley. En el caso de los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad.”
Por fin, aquí se incluye la palabra derecho. Reaparece el AMLO jefe de Gobierno que creó varios derechos específicos, entre ellos el de la pensión para las personas adultas mayores. Pero en este caso se queda cojo otra vez, pues no impone la obligación, ni al Ejecutivo federal, ni a la Cámara de Diputados, de asignar suficientes recursos para lograr la cobertura total, como lo hizo en la CDMX. Para que un derecho pueda ser cumplido en los hechos, es necesario identificar el sujeto obligado, la descripción precisa de su obligación y las sanciones por incumplimiento. Sin estos elementos no se garantiza el derecho. Por cierto, tampoco quedó garantizado en la Ciudad de México. Ebrard y Mancera decidieron incumplir su obligación de enviar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la ciudad, la partida con montos suficientes para la cobertura plena. Mancera congeló durante varios años el padrón de adultos mayores. Incumplieron su obligación, pero la ley no establecía sanción. Quedaron impunes.
Hay mucho por corregir en esta iniciativa. Veremos si los legisladores, sobre todo los de Morena que son mayoría, cumplen con su obligación de legislar con cuidado, haciendo bien su trabajo. Una primera, y muy obvia corrección es que el sistema de becas está fuera de lugar en el artículo 4º. En todo caso podría estar en el tercero, que es el que se ocupa del derecho a la educación. Pero en rigor, ni el sistema de becas ni el apoyo económico a discapacitados, en la medida que no son derechos, deberían estar en la CPEUM, sobre todo no en el capítulo I del título primero denominado De los derechos humanos y sus garantías
. Si cada gobierno incluyera los programas sociales que lleva a cabo en la CPEUM, está tendría el tamaño de una biblioteca. Si el gobierno y el legislativo quieren apoyar económicamente a los estudiantes y a los discapacitados, y quieren asegurar la continuidad de tales apoyos, aunque cambie el gobierno o la legislatura, deben formularlos como derechos e incluirlos sin la frase según la disponibilidad de recursos
. Si quieren hacer las cosas bien, pero consideran que los recursos actuales son insuficientes, pueden definir el derecho como un derecho universal de cobertura temporalmente progresiva y definir, en los transitorios de la reforma constitucional, la progresividad temporal hasta alcanzar el universo. También deben definir como sujetos obligados (en todos los casos el Ejecutivo y el Legislativo), definir su obligación exacta para cada año y sanciones por incumplimiento. Esto debe hacerse también en materia de adultos mayores y de salud. En el caso de las becas hay una opción pragmática que podría permitir reducir el tamaño del universo a cubrir sin que pierda su carácter de derecho: definir las becas como universales para quienes asistan a una escuela pública. Es lo que está haciendo el gobierno federal actual con las becas a los estudiantes de preparatoria y se hizo también en el programa Prepa Sí en la CDMX. Está en juego el carácter neoliberal-focalizado o universalista-igualitarista del gobierno de AMLO. Ojalá se pongan las pilas.
