La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la última acción de inconstitucionalidad promovida durante la presidencia de Luis Raúl González Pérez en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual impugna las reformas legales que clasificaron los delitos fiscales como graves y como un tipo de delincuencia organizada.

Uno de los ministros de la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 130/2019, que cuestiona la legalidad de las reformas a diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Fiscal de la Federación y Nacional de Procedimientos Penales, que entre otros puntos definen a los delitos fiscales como una amenaza a la seguridad nacional.

La CNDH argumenta que estas reformas imponen penas y medidas precautorias excesivas para los imputados por delitos fiscales.

Estas reformas son conocidas como la ley antifacturera, e incluyen entre otros puntos el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para ordenar prisión preventiva oficiosa el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación o compra de comprobantes fiscales que amparen operaciónes inexistentes.

También, el artículo 113 Bis del Código Fiscal, que impone de dos a nueve años de prisión a quien expida, enajene o compre comprobantes fiscales sin sustento real.

El máximo tribunal emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales para que en un plazo de 15 días presenten por escrito sus informes sobre el asunto.