La ley de amnistía que se votará próximamente en la Cámara de Diputados no es una solución mágica para remediar los abusos que han sufrido diversos sectores vulnerables, pero sí puede ser un buen inicio para resarcir a muchas personas injustamente presas, siempre y cuando también incorpore otros elementos de reparación del daño y reinserción social, consideraron activistas de organizaciones civiles.

Laila Almaraz, coordinadora del área jurídica de la asociación Asilegal, destacó que en la versión final de la propuesta de ley se incorporaron dos elementos positivos: que la implemente una comisión especial para dicho tema, no el propio gobierno, y que se incluya en la amnistía a las mujeres procesadas por homicidio en razón de parentesco.

Indicó que ese tipo penal es utilizado en muchos estados de la República para castigar con penas de 30 o 40 años de cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo, sin darles derecho a fianza y sin importar si abortaron en condiciones fortuitas o peligrosas.

Aunque en primera instancia se aplique sólo a escala federal, un artículo transitorio de la ley ordena la armonización de los códigos penales de todas las entidades. No es una llave mágica, pero sí un buen primer paso para saldar deudas históricas con sectores vulnerables, como las mujeres y los indígenas, señaló Almaraz.

Por su parte, Renata Villarreal, integrante del colectivo feminista Marea Verde, consideró que es un avance que las acusadas de aborto puedan salir de la cárcel, pero al mismo tiempo advirtió que la norma no contempla la reparación de los daños morales, sicológicos y económicos que ya sufrieron.

La norma, por tanto, debe ir acompañada de medidas de reparación del daño y de reinserción social para ellas y sus familias. Además, la amnistía implica un perdón del Estado, cuando las presas por aborto no hicieron nada malo, dijo la activista, Indicó que si los códigos penales de los estados no van en el mismo sentido del federal, unas serán liberadas, pero muchas otras seguirán entrando.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, apuntó que la ley es una oportunidad para recuperar a los injustamente presos, especialmente a aquellos que han sido castigados por motivos de origen étnico, género, edad, situación de discapaciad o condición social.