Integrantes del colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos realizaron ayer un cacerolazo frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir que dicho organismo atraiga sus casos al ámbito federal y dedique los recursos necesarios para buscar a sus familiares, de tal suerte que no haya víctimas de primera y de segunda.

Cerca de las 11 de la mañana, los manifestantes colocaron mantas con fotografías de sus seres queridos y comenzaron a golpear sartenes y cacerolas para llamar la atención de los responsables de la FGR y exigirles una reunión con el personal de la fiscalía especial en materia de desaparición.

Compañeras, ¿la fiscalía escucha cuando le pedimos investigación?, ¿quieren nuestros hijos regresar a casa y que se les busque? Entonces, ¡hagamos ruido!, gritaron las participantes en la movilización.

Muchos de los manifestantes –en su mayoría mujeres– se volcaron a pegar a las cacerolas con dolor y rabia, con lágrimas corriéndoles por las mejillas, como si estuvieran acabando a golpes de cuchara con la indiferencia de las autoridades. Jesús Lamas, padre de Irma Claribel Lamas López, le pegó tan fuerte a un sartén que incluso lo abolló y lo rompió.

Ante la falta de atención del personal de la FGR, las familias se acercaron más a la puerta del edificio en medio de consignas como no somos LeBarón, pero queremos atención y Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables. Luego de unos 30 minutos, un representante de la Fiscalía le propuso a los familiares que una delegación de cinco personas entrara al inmueble a exponer sus peticiones para que se estudiara cómo atenderlas.

Tras realizar dicho encuentro, Lucy López Castruita –a nombre del grupo de manifestantes– informó que la FGR aceptó atraer 13 casos de desaparición ocurridos en varios estados del país e incorporar a las familias al Registro Nacional de Víctimas –lo cual se realizará del 5 al 7 de febrero del próximo año–, además de dar celeridad a los casos ya registrados a escala federal.

Por otra parte, la activista indicó que ya entraron en contacto con personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con el cual acordaron retomar en marzo de 2020 una actividad de búsqueda en vida en el estado de Jalisco que se había frustrado por falta de protección policiaca a las madres.

Aunque saludó que finalmente se les haya prometido que será custodiadas por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, López Castruita indicó que de todas formas seguirán insistiendo en agendar una cita con el subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.