Zacatecas, Zac., El gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna y el secretario de Finanzas estatal, Jorge Miranda Castro, enfrentan una demanda penal ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas por el supuesto delito de fraude, asentada con el número de expediente 9655/2019, a cargo de la agente del Ministerio Público Josefina Trejo Gutiérrez, adscrita a la Fiscalía en Combate a la Corrupción.

La denuncia fue presentada por el contador Aldo Margarito Ávila Castillo, ex recaudador de rentas del municipio de Sombrerete, quien acusa a Tello Cristerna y a Miranda Castro de incumplir un acuerdo expreso, derivado del cual asesoró al gobierno estatal en 2017 para ahorrarle el pago de 130 millones de pesos de una multa que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le impuso.

A cambio de esa asesoría, el gobierno del estado se comprometió a mantener a Ávila Castillo en el cargo durante cinco años y pagarle el sueldo tope de su área, equivalente a 25 salarios mínimos, lo que no obtuvo.

En octubre de 2016, recordó en entrevista Ávila Castillo, el gobierno de Alejandro Tello, por conducto de Jorge Miranda y Jorge Alejandro Escobedo Armengol –entonces subsecretario de Egresos–, aceptaron la asesoría del contador durante una reunión en la que además estuvo presente Uriel Márquez Cristerna, procurador fiscal del estado y primo hermano del mandatario.

El problema que enfrentaba el gobierno de Zacatecas era resultado de una auditoría que el IMSS practicó a la Secretaría de Educación estatal, que encabeza desde hace nueve años Gema Mercado Sánchez.

La investigación federal se inició a petición de 721 maestros que estaban próximos a jubilarse y descubrieron que su pensión estaría afectada a la baja severamente, pues la Secretaría de Educación no los dio de alta ante el IMSS con su salario real. El instituto realizó una auditoría, confirmó la irregularidad y determinó aplicar una multa de 318 millones de pesos, a la que finalmente se le restaron 130 millones.

Ávila Castillo ofreció asesorar a Miranda Castro y a sus funcionarios de la Secretaría de Finanzas con la condición de no retirarlo de su puesto de recaudador de rentas en Sombrerete y pagarle un sueldo de 25 salarios mínimos.

Aceptadas las condiciones, Ávila Castillo interpuso un acuerdo conclusivo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por el cual el gobierno de Zacatecas se inconformó con la multa impuesta por el IMSS y se obligó a hacer una revisión caso por caso a la auditoría.

La revisión se realizó y para junio de 2017, con el recurso interpuesto, el IMSS debió aplicar una quita de 130 millones de pesos a la multa original. A pesar del ahorro logrado, Ávila Castillo fue destituido.

Aunque los acuerdos fueron verbales, el ex funcionario inconforme tomó una precaución: grabó con su teléfono celular varias de sus charlas con funcionarios, quienes admitieron en esos audios concertar los compromisos citados.

Con estos elementos, Aldo Margarito Ávila interpuso en octubre de 2017 y a mediados de 2018 denuncias laborales ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, así como en un juzgado civil, pero debido a retrasos burocráticos, el pasado 7 de noviembre presentó una denuncia penal.