El incremento marginal aprobado al gasto federalizado a estados y municipios para 2020, junto con algunos incentivos económicos, es insuficiente para sus necesidades y la prestación de servicios públicos a la población, además de que aumentará la presión financiera por adeudos, que en el caso de las alcaldías rebasa los 16 mil millones de pesos con instituciones federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y los sistemas de seguridad social.

De acuerdo con un análisis elaborado por un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la situación financiera que enfrentan los municipios es crítica, sobre todo en infraestructura, por lo que es necesaria una nueva Ley de Coordinación Fiscal para establecer con justicia y equidad la participación que corresponda a las haciendas locales en los ingresos federales.

Es necesario que los gobiernos municipales tengan más facultades administrativas para los recursos que reciben de la Federación con el fin de atender este doble frente: cubrir sus necesidades de servicios públicos y evitar un mayor endeudamiento, propone el estudio.

Advierte que, por el momento y para hacer frente a la situación crítica en 2020, también es indispensable que las administraciones locales aprovechen todo el potencial recaudatorio del impuesto predial y homologar el cobro de otros –podría ser la tenencia vehicular–, además de valorar nuevas opciones locales para mejorar sus finanzas y poder destinar recursos adicionales a obras de infraestructura, mitigación ambiental y solución de problemas como dotación de agua y drenaje, sólo por citar algunos.

El presupuesto 2020 destina al Ramo 28 participaciones a entidades federativas y municipios 951 mil 454 millones de pesos, mientras que para el 33, es decir, las aportaciones –recursos que se entregan de manera etiquetada a salud, educación y infraestructura, entre otros, a condición de cumplir objetivos para cada una– se asignaron 759 mil 750 millones de pesos, que representan un aumento marginal en términos reales respecto a 2019.

Sin embargo, el análisis señala que entre 2014 y 2018 el dinero transferido a las entidades y municipios disminuyó 4.7 por ciento en términos reales, como efecto de los menores ingresos percibidos por el gobierno federal; en este contexto, el importe de las asignaciones de que disponen las haciendas públicas resultó mermado debido a que se les hizo partícipes en la contención al gasto.

Concluye que financieramente son dependientes de transferencias federales y se convierten en un problema estructural que responde a la forma en la que se ha configurado el sistema nacional de coordinación fiscal, que debe ser replanteado.