a firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), que remplaza al de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), parece encaminarse a una pronta ratificación luego del acuerdo preliminar alcanzado ayer entre las bancadas demócratas del Legislativo de Estados Unidos, las centrales sindicales de ese país, así como la Casa Blanca.

El instrumento referido fue resultado de difíciles y largas negociaciones que comenzaron poco después de que Donald Trump asumió el gobierno de Estados Unidos, quien basó uno de los ejes de su campaña electoral en la crítica al documento anterior, porque –según él– resultaba desventajoso para Washington.

México y su vecino del norte lograron un preacuerdo a finales de agosto del año pasado; Washington y Ottawa consiguieron resolver sus diferencias un mes más tarde y el 30 de noviembre, el día en que Enrique Peña Nieto concluyó su gestión, los representantes de los tres países firmaron el documento en una reunión anexa a la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina.

Aunque el nuevo convenio introduce algunas mejoras respecto de su antecesor, la razón principal para reformular el marco legal del comercio en la región fue la obstinación de Trump en presentarse ante sus electores como un mandatario triunfante en la defensa de los intereses estadunidenses frente a México y Canadá.

El escenario político de la superpotencia es hoy radicalmente diferente: el presidente republicano se encuentra acorralado por diversos procesos legales y legislativos y en los prolegómenos de un juicio político en su contra en el Capitolio.

En ese contexto, uno de los pocos temas en los que Trump y la oposición demócrata –mayoritaria en la Cámara de Representantes, no así en el Senado– aún pueden ponerse de acuerdo es en la pertinencia de ratificar el T-MEC, con el fin de que entre en vigor a la brevedad posible.

Ambas partes tienen claro que no hay mucho margen para modificar el texto firmado en Buenos Aires, habida cuenta que ello rompería el consenso tan difícilmente logrado con México y Canadá.

De hecho, según informó el canciller Marcelo Ebrard en horas recientes, nuestro país ha establecido líneas rojas; es decir, asuntos en los cuales el gobierno mexicano no va a aceptar modificaciones.

En tales circunstancias, para los demócratas no es fácil impulsar alteraciones mayores a lo ya acordado, porque si lo hicieran tendrían que cargar con el costo político de un fracaso del largo proceso negociador.

Trump, por su parte, ya obtuvo el beneficio propagandístico que esperaba y no tendría sentido que lo echara por la borda a último minuto.

Respecto de nuestro país, el T-MEC ya fue ratificado por el Senado de la República y el difícil trance de la renegociación del marco comercial con sus socios de América del Norte ha sido encarado desde el inicio en un espíritu de colaboración y cohesión interna, primero durante la transición entre las administraciones de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador y, después, entre el gobierno de la Cuarta Transformación y las oposiciones políticas.

Cabe esperar, pues, que el instrumento trilateral sea puesto en operación a la brevedad, lo que será sin duda un hecho bené-fico para las economías de los tres socioscomerciales.