La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) consideró que trasladar a la Secretaría de Marina (Semar) sus facultades en materia de autoridad marítima mercante contraviene el espíritu antimilitarista del Estado mexicano y no se ajusta al modelo de nación del actual gobierno federal.

Esa opinión no fue considerada viable por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, no obstante que la SCT alertó que conceder a la Semar dichas atribuciones, que por su naturaleza no le corresponden, implica una afectación al régimen democrático de nuestro país y (sería) un retroceso en la actividad marítima, que por su esencia corresponde al ámbito civil y comercial.

Incluso, la comisión recuperó en el proyecto que se discutirá este martes la respuesta del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en su comparecencia del 30 de octubre, donde expresó que la dependencia nunca fue consultada sobre la reforma y dijo: no estamos de acuerdo, de ninguna manera, en lo que se plantea, de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil.

En esa fecha, en respuesta a una pregunta del diputado Carlos Morales Vázquez (sin partido) sobre el alcance de la iniciativa de Morena para reducir las atribuciones de la SCT, Jiménez Espriú dijo: En el mundo, en la Organización Marina Internacional, hay 177 países de los cuales 11 tienen un control militar de sus puertos y su marina mercante, entre ellos Corea del Sur, y en los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) únicamente está Chile, pero se militarizó en la época del general Augusto Pinochet.

En las consideraciones de la Comisión de Gobernación también se dio cuenta de la opinión que la Dirección de Estudios Legislativos de la Dirección General Adjunta Normativa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT presentó en dos oficios del 4 y 5 de noviembre, en que argumentó que la intención de Morena es encomendar a Semar la supervisión y administración de actividades estrictamente comerciales.

También señaló que “la formación militar no es compatible con la operación de los negocios, y resaltó que sólo la SCT, como autoridad encargada de la política de transporte, debe tener en sus atribuciones las actividades de la industria marítima, inherentes al comercio marítimo y ajeno a la disciplina militar.

En el sexenio pasado se otorgó a la Semar la calidad de autoridad marítima nacional, y en ese tenor administra las capitanías de puerto, y se mantuvo para la SCT la de autoridad marítima mercante.

Esa oficina consideró que la SCT debe ejercer la autoridad marítima civil y atender esa obligación del Estado, como corresponde en un sistema democrático moderno, e incluso ponderó como ineludible que la regulación de la actividad marítima recaiga sobre la dependencia que tiene a su cargo los medios de transporte y las comunicaciones.

Así, para la SCT las capitanías de puerto merecen ser reivindicadas y la comunidad marítima portuaria mexicana respalda plenamente esa premisa indispensable para la marina mercante.