Martes 10 de diciembre de 2019, p. 8
Las organizaciones Idheas, Artículo 19 y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (RedMPC) exigieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) atraer el caso del reportero de La Jornada Emir Olivares e investigar las amenazas que ha recibido a consecuencia de un trabajo periodístico sobre narcomenudeo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De igual manera, en conjunto con la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos y Reporteros Sin Fronteras demandaron al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos revisar el plan de protección del informador, reforzar las medidas de seguridad así como que se identifique y castigue a los agresores.
El pasado 6 de diciembre, el domicilio de Emir Olivares fue allanado. Minutos después de ese hecho, recibió llamadas a su teléfono celular para advertirle que alguien había pagado un millón de pesos por asesinarlo y que a cambio de no hacerlo tendría que darles el doble; agregó que el ataque se debía a que se había metido con gente de la UNAM en uno de sus trabajos
, realizado en 2017.
Idheas, organización que representa a Olivares ante el Mecanismo y la Feadle, y Artículo 19 advirtieron que no habrá protección integral para el reportero mientras la fiscalía no lleve a cabo una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial y garantice el acceso a la justicia.
La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos destacó que este caso exhibió la vulnerabilidad de las medidas de seguridad que ofrece el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuya respuesta protocolaria
ante el allanamiento a su domicilio la interpretamos como una infamia que puso su vida en riesgo de muerte
.
Resaltó que esta herramienta ha dejado una herencia de ocho personas asesinadas que estaban bajo protección hasta este año, por lo que consideramos, sería digna la renuncia de los encargados
. La RedMPC expuso que las violencias contra periodistas aumentan, “por lo que consideramos que el gobierno se ha visto rebasado en su función de dar garantías y seguridad para ciudadanos dedicados a esta labor.