La Cámara de Diputados volverá a rechazar la decisión del Senado de acotar el fuero a los legisladores al Congreso, y en la sesión de este lunes se aprobará nuevamente la decisión de que sólo el Presidente pueda ser juzgado, además de por traición a la patria, por actos de corrupción, delitos electorales y los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, la Mesa Directiva solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una prórroga hasta febrero de 2020 para aprobar la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos, debido a que no hay acuerdo y no le dará tiempo a los diputados a aprobarlo esta semana.

De esa forma, la ley aplicaría hasta 2021, pero al explicar la agenda de las tres últimas sesiones del periodo, Mario Delgado (Morena) acotó que los salarios del próximo año ya están determinados en el presupuesto.

Respecto del fuero del Presidente y los legisladores, refirió que la minuta que les devolvió el Senado por segunda ocasión –que sí incluye el desafuero a los legisladores por ese catálogo de delitos– será abordado este martes en el pleno.

Sostuvo que si la cámara acepta incluir a los integrantes de las dos cámaras del Congreso en el mismo catálogo de delitos que al Presidente, se restringen los delitos en los que pueden ser juzgados.

Delgado argumentó que actualmente, diputados y senadores pueden ser juzgados por cualquier delito, y de aprobarse la minuta del Senado, se generaría un sobre fuero y lo que vamos es en sentido contrario, en eliminar fueros y privilegios. Incluso presentó como ejemplo el desafuero del diputado de Morena, Cipriano Charrez, a solicitud del Ministerio Público de Hidalgo por el delito de homicidio culposo de un taxista que, insistió, no se habría aprobado con la adición que incluyó el Senado, porque de estar vigente la reforma los legisladores sólo podrían ser juzgados por delitos graves.

Informó que en la sesión de mañana miércoles se discutirá el dictamen de ley de amnistía y para el jueves, Morena insistirá en la reforma para reducir a 50 por ciento el financiamiento público a partidos políticos, así como otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera la atribución de extinción de dominio a cuentas bancarias, aunque en ambos temas no hay consenso con las otras bancadas.